El Gobierno impone un techo de gasto a las autonomías y castigará los desvíos
El Ejecutivo asegura que no dejará que ninguna comunidad suspenda pagos La vicepresidenta dice que el anteproyecto de estabilidad se verá con las autonomías el martes
El Gobierno está decidido a controlar de forma más exhaustiva la deuda autonómica. Lo hará a través de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad, que establece que las comunidades deben tener un techo de gasto y que refuerza "los mecanismos sancionadores” y que tendrá “muy en cuenta” la reincidencia y la gravedad de los incumplimientos. El Ejecutivo, ha reiterado la portavoz, no dejará caer a ninguna comunidad.
"Lo que habrá es una regla de gasto para cada Administración, los límites de esos presupuestos y después cada comunidad decidirá en qué gasta determinadas partidas", ha explicado la vicepresidenta. Las declaraciones de Santamaría están en sintonía con las del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que aseguró el pasado miércoles que el PP respetaría "la autonomía económica, política y financiera de las Comunidades Autónomas", durante una reunión con las autonomías gobernadas por el PP.
Ante la pregunta de si el Gobierno ha decidido no dejar caer a ninguna comunidad, como les contó Montoro el miércoles en privado a los consejeros de economía del PP, la vicepresidenta ha contestado: "Tenemos que trabajar todos juntos para resolver los problemas de liquidez o tesorería puntuales que puedan tener algunas autonomías, todos de común acuerdo. Es un asunto que afecta a todos- Las autonomías también son Estado", informa CARLOS E. CUÉ. Santamaría ha subrayado que "el gobierno va a trabajar para que todas las administraciones puedan cumplir sus compromisos y superar sus dificultades".
Sanciones y mecanismos correctores
Según Santamaría, si luego las comunidades incurren en desviaciones y se alejan de la regla de gasta, entrarán en juego los mecanismos correctores para reorientar los objetivos o incluso las sanciones si es necesario. Los mecanismos correctores, según la portavoz, podrían ser reducciones "mínimas y obligatorias" referenciadas al PIB en los presupuestos de las administraciones responsables. "Son mecanismos de corrección casi automáticos", ha dicho. En cuanto a las sanciones, la vicepresidenta se ha limitado a decir que tendrán en cuenta los criterios de "reincidencia" y "gravedad" pero no ha especificado qué castigos recibirán las comunidades que incumplan los objetivos fijados.
Además, la norma reforzará los principios y criterios de transparencia, ya que cada presupuesto autonómico deberá incluir la equivalencia en déficit o superávit en términos de contabilidad nacional, tal y como hace el Estado, y deberán recoger información adicional sobre niveles endeudamiento y organismos y empresas públicas, entre otras cosas.
El texto del anteproyecto estará encima de la mesa el próximo martes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estarán los representantes de todas las comunidades autónomas. Soraya Sáenz de Santamaría ha asegurado que en esa reunión se buscará “el máximo consenso” , que, ha dicho, “es clave para el control del gasto”.
La vicepresidenta también ha apelado a la responsabilidad de sindicatos y patronal para que lleguen a un acuerdo para la reforma laboral. "Quedan tres días", ha dicho, y se ha referido a una agenda ambiciosa reformista.
La portavoz del Gobierno ha sido preguntada por un vídeo del PSOE en el que el líder del PP, Mariano Rajoy, y ella misma arremetían contra la subida de impuestos, una actitud que contrasta con una de las primeras medidas del Ejecutivo: la aumento del IRPF y del IBI. Santamaría ha contestado: "Si el Gobierno no se hubiera encontrado lo que se encontró, las decisiones hubieran sido otras. Este Gobierno no es ni era partidario de subir impuestos".
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