El Canal 9 de Valencia lanza el ERE sin saber el número de afectados

“Yo como presidente no tengo ni idea de todo esto dónde va a conducir al final, cuánta gente será [la que se vaya a la calle]”, reconoció ayer con naturalidad Miguel Domínguez, presidente del consejo de administración de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV, propietaria de Canal 9) en referencia al expediente de regulación de empleo (ERE) con el que la dirección del organismo público pretende poner en la calle a la mayoría de sus 1.800 trabajadores. “Lo único que conozco yo es el pliego de condiciones”, añadió. Y eso es lo que hizo anoche el consejo de administrador, aprobar el pliego de condiciones del concurso con el que la dirección de RTVV contratará por 190.000 euros un liquidador, es decir, un equipo de personas con experiencia en despedir trabajadores que harán todo el papeleo necesario durante la negociación entre empresa, trabajadores y autoridad laboral, así como en la ejecución de los despidos. Unos despidos que le vendrán dictados por la dirección y el Consell.

Y si ya la oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones que el consejo es un mero instrumento formal sin capacidad de controlar la gestión del director general del ente, José López Jaraba, ayer quedó más claro todavía. ¿No es el consejo de administración el que debería saber qué es lo que se va a hacer con la empresa pública? Ante esta pregunta, Domínguez respondió: “Yo creo que no, fuera del pliego de condiciones no tiene que conocer nada más, porque eso es función de los directivos de RTVV y de la Generalitat, que es de quien depende”.

Sin embargo, la propia ley de creación de RTVV (ley 7/1984), que ahora quiere modificar el Consell, estipula en su artículo siete que una de las atribuciones del consejo es “aprobar las plantillas de RTVV y sus modificaciones, así como las de sus sociedades”. Pero Domínguez no se sintió aludido: “Ya se sabe qué son los consejos de administración, analizan algunos aspectos y en otros no tiene ni por qué entrar”.

“Esto no es un consejo de administración, somos unos monigotes”, se quejó Rafael Xambó, consejero a propuesta de Compromís, “todo lo decide el director general en connivencia con el Consell”. Consuelo Català, a propuesta socialista, explicó que todos los miembros salvo los del PP se opusieron a la medida por carecer de información sobre la situación real de partida. Ni siquiera disponen de un catálogo de puestos de trabajo del ente. Y el ERE tampoco se basa en un informe de viabilidad. Además pidieron incluir la votación del cese de Lóperz Jaraba en la próxima reunión del consejo.

A pesar de ignorar el alcance del ERE, Domínguez sí defendió la medida, al asegurar que servirá para garantizar la viabilidad del ente, y que dará ejemplo a otras televisiones autonómicas que tampoco pueden “seguir así”.

Antes de que comenzara el consejo, alrededor de 200 trabajadores protestaban a las puertas de la sede, con una pancarta que afirmaba: “Los trabajadores no somos los culpables”. El presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, y otros representantes de los sindicatos se reunieron brevemente con Domínguez para proponerle medidas alternativas a los despidos. Sin éxito.

Mifsud denunció que emplear 70 millones de euros para dejar en la calle a cientos de profesionales no servirá para sanear la televisión y aseguró que es “una animalada gastarse más dinero público en contratar una empresa privada para tramitar el ERE con la hiperinflación de directivos que existe en RTVV”.

El presidente del comité de empresa echó la culpa de las pérdidas el ente público (alrededor de 300 millones de euros al año en los últimos ejercicios) y de la deuda (1.200 millones al cierre de 2010) al equipo directivo por una pésima gestión. Los sindicatos sostienen que “no sobra ningún trabajador”, ya que creen que para hacer tres canales de televisión y dos de radio de calidad se requiere a todos los profesionales, aunque piensan que la plantilla está infrautilizada y se hacen pocos contenidos propios.