El ajuste presupuestario de Exteriores hunde la ayuda española al desarrollo

El nuevo secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, el diplomático Jesús Gracia, tomará posesión de su cargo el lunes y subirá pocas horas después al avión para acompañar al Príncipe de Asturias en su gira centroamericana.

Don Felipe asistirá el martes en Managua a la toma de posesión de Daniel Ortega; viajará el miércoles a Honduras para reunirse con el otrora cuestionado presidente Porfirio Lobo: y concluirá el sábado en Guatemala, con el juramento del exmilitar Otto Pérez Molina como máximo mandatario de la República.

Desde 1996, don Felipe ha asistido a 60 tomas de posesión en América Latina, pero la de Ortega es una de las más delicadas. Y no solo por la prevista coincidencia en el acto oficial con el líder iraní Mahmud Ahmanideyad, sino por las acusaciones de pucherazo que rodean la reelección del dirigente sandinista.

Fuentes gubernamentales admiten las numerosas denuncias de irregularidades en los comicios nicaragüenses, pero agregan que los observadores internacionales los han validado como globalmente limpios. “Ese es el único criterio al que podemos atenernos”, sostienen. Lo contrario, agregan, sería convertir al Príncipe en árbitro de la legitimidad de los presidentes a cuya toma de posesión es invitado. Hasta ahora, solo ha faltado a la de Porfirio Lobo, en enero de 2010, con quien se verá precisamente ahora, porque el Gobierno consideró entonces que su elección estuvo viciada por el golpe de Estado contra Zelaya.

El príncipe encabeza una ofensiva diplomática en Centroamérica

La gira del Príncipe supone el primer esfuerzo del nuevo Gobierno por relanzar la presencia española en América Latina en un año en el que, con motivo del segundo centenario de la Constitución de 1812, Cádiz albergará en otoño la Cumbre Iberoaméricana. Tras el fiasco de la reciente cita de Asunción (Paraguay), a la que dieron plantón la mitad de los mandatarios invitados, se han encendido las alarmas.

Es dudoso, sin embargo, que la ofensiva diplomática emprendida para recuperar el terreno perdido en América Latina cuente con los medios necesarios para culminar con éxito.

A última hora, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, consiguió endosar al nuevo secretario de Estado para Iberoamérica la cartera de Cooperación, lo que resulta coherente con el hecho de que ese continente siga siendo destino prioritario de la ayuda española al desarrollo. El problema es que esa cartera está casi vacía.

El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un tijeretazo de 8.900 millones en los presupuestos de 2011 prorrogados para este año. Uno de los departamentos más castigados fue el de Asuntos Exteriores y Cooperación, al que se retuvieron 1.016 millones, dos tercios de los 1.500 con los que contaba.

Hasta ahora el Gobierno no ha detallado de qué partidas saldrá ese dinero, pero todas las fuentes consultadas dan por sentado que la práctica totalidad del ajuste se hará con cargo a los fondos destinados a cooperación. La Agencia España de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID), que cuenta con unos 900 millones, podría perder 400; y otros 600 saldrían del Fondo de Promoción del Desarrollo (sustituto del antiguo FAD), bien en su línea de créditos reembolsables (600 millones) o en la de donaciones (300). Uno de los capítulos más sensibles es el Fondo del Agua (150 millones), con el que se pretende facilitar el acceso al agua potable de las comunidades más pobres de América Latina.

El Gobierno da por buena la reelección de Ortega pese a las irregularidades

Los nuevos recortes se suman a los que ya hizo el anterior Gobierno (800 en dos años) y que obligaron a posponer hasta 2015 el objetivo de destinar el 0,7% del PIB a la ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 2012. El problema es que ahora ya no se trata de que el objetivo se aleje, sino de desandar lo ya avanzado.

Se estima que la AOD rondó en 2011 el 0,4% del PIB (unos 4.200 millones), pero los expertos esperan que este año retroceda hasta el 0,25%, el nivel que tenía en 2004. No solo la Administración central, sino también autonomías y ayuntamientos han dado drásticos recortes a la partida de cooperación —hasta un 80% rebajó la Comunidad Valenciana— como si se tratara de un lujo superfluo.

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo ya ha expresado su “profunda preocupación” por estos recortes y ha calificado de “injusto” que los países y sectores más vulnerables paguen los efectos de la crisis.

Pero no es solo un imperativo moral. El objetivo de España de convertirse en 2015 en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU puede estar en peligro si deja de ser, como en los últimos años, uno de los mayores contribuyentes a las agencias de Naciones Unidas.