La Comunidad Valenciana deja ahora de pagar a la Seguridad Social

Los impagos de la Comunidad Valenciana se multiplican. Los apuros financieros de la Generalitat la llevaron a desatender otra obligación crucial en el mes de diciembre, las cotizaciones sociales de sus funcionarios. La comunidad dejó de pagar esa cuota a la Seguridad Social (74 millones de euros) y ayer aún no la había ingresado, según confirman fuentes del anterior Gobierno en este organismo, que desconocen si los pagos se reanudarán en enero. Ese incumplimiento, unido al vencimiento de un crédito con el Deutsche Bank que requirió la ayuda del Gobierno central, revela las estrecheces de una comunidad gobernada hace 16 años por el PP, que ha acumulado una deuda mastodóntica (19,9% de su PIB, la más elevada de España) y ha afrontado de forma tardía e ineficaz sus crecientes problemas de liquidez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno no ha acudido al rescate de la comunidad.  "No ha habido ni financiación ni garantía por parte del Tesoro. No estamos comprometiendo ni financiación ni garantía por parte del Tesoro, solo un problema de liquidez", ha subrayado.

El equipo anterior de Economía ya estudiaba una medida similar

El Gobierno central ya conocía desde finales de 2010 las dificultades de la Generalitat Valenciana para ingresar sus cuotas. El Ejecutivo autonómico amenazó con dejar de pagar un mes y entonces la Seguridad Social, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Hacienda, ofreció a esta Administración rebajar sus pagos mensuales, de forma que se ajustasen al número real de empleados públicos y no a la nómina existente el año anterior, como hacía el resto de comunidades. Con las actuales restricciones de empleo público, actualizar esa nómina supone pagar menos, algo de lo que se benefició exclusivamente la Comunidad Valenciana.

La Administración que dirige Alberto Fabra no es la primera que adeuda cuotas a la Seguridad Social pero sí la única que no ha dado pistas sobre sus intenciones. Cataluña admitió públicamente a finales de año que tampoco había ingresado su cuota (122 millones de euros aún por abonar, según las mismas fuentes), pero la comunidad expresó por escrito su voluntad de retomar sus obligaciones en enero. Aragón dejó a deber media cuota de noviembre, pero en diciembre sí ha ingresado lo que le corresponde. La Comunidad Valenciana, en cambio, optó por presentar una solicitud de aplazamiento el último día hábil del año para la Seguridad Social, el 30 de diciembre, a última hora, sin tiempo para que el organismo público reaccionase.

Este goteo de deudas pendientes por parte de las comunidades resulta inédito en la historia de la Seguridad Social y puede sentar un peligroso precedente para otros organismos públicos, así como para el sector privado. El anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ya advirtió del riesgo de que el ejemplo cunda y que Ayuntamientos y empresas, también muy asfixiados financieramente, recurran a este impago relativamente indoloro. Porque la Seguridad Social prevé recargos para los retrasos en las cuotas, pero son muy bajos cuando las Administraciones atraviesan estrecheces, un escenario fácilmente justificable ahora.

Este último impago por las cotizaciones de los funcionarios se suma a una cadena de despropósitos en la gestión financiera de la comunidad valenciana. Mientras dejaban de pagar al organismo público, la Administración regional pedía un aplazamiento al Deutsche Bank por el vencimiento de 123 millones que tenía pendiente y que logró retrasar al 3 de enero. Fue en ese momento cuando el Gobierno central intercedió para que el Ejecutivo autonómico pudiera hacer frente al vencimiento y le adelantó las entregas a cuenta de la cesta de impuestos que de forma ordinaria habría abonado a mediados de mes.

Pero el problema amenaza con agravarse este año a juzgar por la cartera de vencimientos que tiene que afrontar la comunidad: 4.100 millones de euros para todo el ejercicio, una quinta parte de todo su endeudamiento. La cantidad se recoge en el informe de la agencia Standard & Poor’s publicado a finales de diciembre y que degradó la calificación de deuda de esta comunidad a un paso del bono basura precisamente por sus dificultades financieras.

La falta de perspectiva y la improvisación del Ejecutivo regional se refleja también en el nuevo tijeretazo que aplicarán al Presupuesto para 2012 pocos días después de aprobarlo. El Ejecutivo desvelará hoy las medidas que le permitirán ese ahorro adicional sobre los recortes ya previstos en el proyecto aprobado el 21 de diciembre. Sin duda la constatación de sus dificultades y la intervención del Gobierno central para paliarlas han pesado en esa decisión.