El Gobierno someterá a control previo los Presupuestos de las comunidades

El Gobierno adoptará medidas drásticas para controlar las cuentas de las comunidades autónomas y evitar que sus estrecheces financieras arrastren a todo el Estado. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó ayer que está preparando una ley para marzo con “instrumentos estrictos de control sobre los Presupuestos de las comunidades autónomas”. En plena tormenta sobre las dificultades de las Administraciones regionales para hacer frente a sus pagos, el Ejecutivo ha decidido estrechar la vigilancia mediante “controles a priori. Antes de aprobar el Presupuesto, [las comunidades] necesitarán luz verde del Gobierno central”, anunció el ministro en una entrevista publicada en la página web del diario británico Financial Times.

Guindos no oculta que la acumulación de noticias sobre la asfixia autonómica abona el terreno para una decisión que hasta ahora ningún Gobierno se había atrevido a adoptar: “Las dificultades de liquidez son una verdadera oportunidad para imponer condiciones más duras y medidas que frenen los déficits de las comunidades”, argumenta en la entrevista. La Comunidad Valenciana ha sido la última en revelar graves problemas de liquidez, al desatender el vencimiento de un crédito bancario de 123 millones a finales de 2011. La solución al problema requirió la mediación del Gobierno central.

Consciente de que estas Administraciones han ocasionado el grueso de la desviación del objetivo de déficit que se ha producido en 2011 (el 8% del PIB, dos puntos por encima de lo previsto, según estimaciones del nuevo Gobierno), Economía ha decidido aplicar mano dura ante el temor de que la falta de credibilidad de las comunidades acabe contagiándose a todo el Estado.

La iniciativa formará parte de un paquete de reformas económicas que el ministro califica como “agresivo” y que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere aprobar en sus primeros 100 días de gestión.

El control previo a los Presupuestos regionales, una réplica de lo que la Unión Europea plantea hacer con los países miembros a cambio de garantizarles su respaldo financiero, amenaza con desatar las iras autonómicas. Especialmente en Cataluña, muy beligerante con cualquier incursión en lo que entiende son sus competencias propias. No obstante, el Ejecutivo central encontrará el encaje legal para hacerlo, pues cuenta con el aval de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que permite al Estado imponer límites al gasto de todas las Administraciones públicas.

El anterior equipo de Economía y Hacienda ya estaba estudiando una solución de este tipo para las comunidades. Consistía en arbitrar una especie de fondo que garantizase las necesidades autonómicas de financiación a cambio de mayores compromisos, entre ellos presentar los Presupuestos a Hacienda antes de aprobarlos. Al final, el ministerio desistió porque ya había tenido suficientes choques con las comunidades a raíz del control más estricto que intentó aplicar en la última fase de su mandato. Pero los instrumentos habilitados se revelaron insuficientes: Hacienda solo tenía conocimiento de las cuentas una vez ejecutadas y la única herramienta de la que disponía para obligarlas a reconducir sus desequilibrios consistía en hacerlos públicos y en prohibirles el endeudamiento a largo plazo.

En la práctica, el mecanismo no funcionó bien (las autonomías podían seguir pidiendo préstamos a corto plazo) y el Gobierno, en minoría parlamentaria, renunció a adoptar medidas más contundentes. Ahora el equipo de Rajoy utilizará su fuerza parlamentaria para sacar adelante una medida tan controvertida como esta.