Andalucía y Cataluña no ponen objeciones al rescate de Fabra

La mayoría de los Gobiernos autónomos han guardado hoy silencio respecto a la información avanzada por EL PAÍS de que el Gobierno central salió al rescate de la Comunidad Valenciana al no poder el Ejecutivo valenciano hacer frente al vencimiento de deuda que no podía atender por falta de recursos. Todas las autonomías soportan un importante desequilibrio en sus cuentas, aunque es la que gobierna Alberto Fabra la más endeudada de España. Los Ejecutivos de Andalucía y Cataluña han dejado claro que no tienen objeciones al rescate. Los socialistas valencianos han solicitado la comparecencia urgente del presidente Alberto Fabra en Las Cortes autónomas.

El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, lo tiene claro: no quiere confrontaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy y por ello, ha asegurado en San Roque (Cádiz) que no puede pensar que “el Gobierno central no hubiese actuado de la misma forma con Andalucía” si se diera el caso. “No tengo nada que objetar a esa actuación”, ha manifestado el presidente andaluz, quien ha añadido: “Todo compromiso del Gobierno con las comunidades autónomas me parece bien, ya que el valor de España es el de sus comunidades".

Griñán además, ha hecho hincapié en que, durante los tres primeros años de crisis (2008, 2009 y 2010), “en Andalucía se ha reducido un 2,5 % el gasto no financiero (el gasto corriente) mientras que en el resto de comunidades ha subido en un 7,5 %”. Por eso el presidente andaluz ha destacado que "en Andalucía se ha hecho un esfuerzo de contención del gasto sin mermar los derechos de los ciudadanos", que para él, es lo más importante.

Griñán, que ha calificado la situación de Andalucía como "aceptable", ha insistido en la necesidad de seguir avanzando y ajustando el gasto, “pero incentivando la economía". "Hay que compatibilizar una política fiscal con incentivos a la economía, y Europa no puede basar todo en la situación actual, que es de recesión, y preocuparse solo del déficit y no del aumento del paro", ha declarado el presidente, que espera que la próxima conferencia de presidentes "se celebre pronto”. El presidente andaluz ha dicho que en esa reunión pondrá “como ejemplo a Andalucía, para explicar cómo se pueden hacer las cosas sin perjudicar los derechos de los ciudadanos", haciendo clara alusión a los recortes que padecerán las comunidades autónomas.

El presidente de la Junta ha querido dejar claro, en referencia a este asunto, que “es necesario conciliar los puntos de vista del Gobierno y las comunidades porque estas son las responsables de los derechos más importantes, como la sanidad, educación, la dependencia o los servicios sociales”.

En consonancia con la opinión de Griñán, la consejería de Hacienda de la Junta andaluza “no ve mal” esa ayuda del Ejecutivo "siempre que se haga con transparencia hacia todas las comunidades autónomas y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".

Sin embargo esa posición choca con la opinión de los socialistas andaluces. El portavoz de ese partido en el Parlamento autónomo, Mario Jiménez, ha mostrado en Jaén su preocupación por la forma "arbitraria, soterrada, con nocturnidad y alevosía" con que se ha gestionado la situación, informa Efe.

El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Colell, también ha sido claro en su respaldo al rescate del Gobierno valenciano. Ha dicho que le “parece bien que el Gobierno central ayude a Valencia”, pero ha subrayado su voluntad de que “el mecanismo sea sistemático y transparente”. El consejero ha recordado también que en verano ya propuso que, de la misma forma que se proponen eurobonos, debería crearse un mecanismo similar para que el Estado reconozca la deuda interna, autonómica.

A preguntas de los informadores durante la inauguración de un almacén logístico, el presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU), ha declarado: "Cataluña está haciendo las cosas de forma seria para evitar el riesgo de intervención”. “Esto que estamos haciendo -somos un país serio que cumple con sus deudas- deben hacerlo las otras comunidades y el Gobierno español, porque en este momento nadie está fuera de peligro de ser intervenido, ni siquiera el Gobierno español”.

El secretario general del PSPV y portavoz socialista en las Cortes valencianas, Jorge Alarte, ha pedido que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, explique la situación económica y financiera de la Administración y "todos los pagos previstos para 2012, sobre todas las operaciones crediticias a corto y largo plazo" la próxima semana en un pleno extraordinario del Parlamento autonómico, que se ha solicitado por vía de urgencia. Alarte ha censurado a Fabra porque su receta para salir de la crisis económica y resolver "la quiebra" de la Generalitat es "la intervención del Gobierno de España" y la "pérdida de toda autonomía financiera".

El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que preguntará al Gobierno por los motivos para "aprobar un rescate el día 28 de diciembre sin hacer ninguna publicidad de la acción, a pesar de la extrema gravedad" de la misma. Compromís ha solicitado la comparecencia urgente del consejero de Hacienda, Jose Manuel Vela, en Las Cortes Valencianas para que informe de esa circunstancia. Mònica Oltra, portavoz adjunta en la Cámara valenciana, ha sido muy dura con la medida adoptada por el Gobierno central: "El rescate deja en evidencia a Camps y también a Fabra, que han mentido en reiteradas ocasiones a la sociedad diciéndonos que estábamos muy bien y que seríamos los primeros en salir de la crisis".

Para Esquerra Unida, el episodio del impago es "la constatación del fracaso de la nefasta gestión del Consell del PP desde 1995 y deja la imagen de la Generalitat por los suelos".

El Gobierno de Castilla-La Mancha, del PP, ha descartado que necesite alguna ayuda para reforzar su liquidez. "No estamos en la misma tesitura que la Comunidad valenciana", han declarado a Europa Press fuentes de la consejería de Hacienda. 

Muy crítico se ha mostrado el expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda, que ha asegurado que con los 123 millones del vencimiento en la Comunidad Valenciana "hubiera sido suficiente" para que no se hubiera tenido que hablar de déficit en la comunidad castellano-manchega. Barreda ha recordado que cuando el PSOE dejó el Gobierno de Castilla-La Mancha, había reclamado al Gobierno central, por vía administrativa y por vía judicial, una cantidad de unos 1.000 millones que se entendía que el Gobierno central adeudaba al autonómico.