Los impuestos también se tocan

El nuevo Gobierno ha comenzado su andadura presupuestaria con firmeza. El primer envite del esperado plan de ajuste anuncia un conjunto de medidas que tratan de garantizar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios para 2012. Aunque por su importancia son más relevantes las medidas que afectan al lado del gasto, sin duda son más representativas las subidas de impuestos, que se adoptan temporalmente (2012 y 2013), poniendo de manifiesto que una reducción tan drástica del déficit no es posible solo con racionalización del gasto sin arañar las políticas sociales.

Entre unas y otras suman cerca de punto y medio del PIB, que en buena medida es la brecha a la que se había comprometido el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, comparecencia de la que se deducía el cumplimiento del objetivo del 6% de déficit para el conjunto de Administraciones Públicas en 2011. Sorprendía este planteamiento porque las Comunidades Autónomas ya venían dando muestras claras de una desviación notable sobre el 1,3% que tenían asignado.

De hecho, aunque parecía que el Estado podía disponer de algún margen para compensar el resultado de la Seguridad Social, que no cerrará con superávit, el nuevo ministro de Hacienda ya ha constatado que no será así. Habría que situar el déficit que verosímilmente se alcanzará en 2011 en una banda estimativa del 7,5% al 8% del PIB para el conjunto de AA PP (a septiembre, las cuentas no financieras ya registran un déficit del 7,1%). En otras palabras, para garantizar el 4,4% en 2012 harán falta entre 15.000 y 20.000 millones por encima de los anunciados ayer por el Gobierno. Recursos que probablemente se conjugarán desde los dos lados del presupuesto.

Este rigor presupuestario tendrá su principal impacto en las cuentas del Estado, pero también afectará a las demás Administraciones. A las corporaciones locales, las medidas adoptadas les permitirán contar con casi 1.000 millones más de ingresos a través del IBI, impuesto sobre el que vienen reclamando una mayor capacidad normativa desde hace años. Y a los Gobiernos regionales les reportarán un incremento a través de los fondos de convergencia y el fondo de suficiencia porque se revisan con la evolución de los ingresos del Estado.

Pero en ambos casos estos ingresos son claramente insuficientes para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad que les corresponde a las Administraciones territoriales, en las que descansa, no olvidemos, las principales políticas sociales. El Estado central tendrá que revisar el cuadro macro y volver a rehacer sus cálculos y las Comunidades Autónomas, de las que casi la mitad deben aprobar todavía sus presupuestos, tendrán que reducir su desequilibrio en, al menos, unos 10.000 millones de euros, además de sanear todo el déficit no financiado de los años precedentes.

En su primera comparecencia sustantiva en materia de política presupuestaria, el Gobierno se ha cuidado de preservar muchas partidas de carácter social vigentes en el anterior presupuesto y ha apuntado a los impuestos sin ningún tipo de complejos para hacer más progresivo el ajuste, tanto en las rentas del trabajo como en las de capital —con un impuesto temporal a las rentas altas—. Y al mismo tiempo pretende enviar un mensaje de rigor a los mercados y a las instituciones europeas.

Pero es evidente que con una economía ya inmersa, de nuevo, en la recesión, estas políticas profundizarán aún más en la desaceleración por el lado de la demanda, al menos en el corto plazo. A la espera de las reformas estructurales que se prevén para el primer semestre, con más medidas de ahorro y subidas de impuestos en el presupuesto de primavera, los inversores y agentes económicos querrán ver, además de un férreo control de las cuentas, algunos signos que devuelvan la confianza en el crecimiento de una economía que tardará años en desapalancarse.

Susana Borraz y César Cantalapiedra son socios de Analistas Financieros Internacionales.