Los funcionarios trabajarán 37,5 horas y su sueldo sigue congelado

Los 2,6 millones de funcionarios españoles mantendrán su sueldo pero muchos de ellos —principalmente los que dependen de comunidades, ayuntamientos, diputaciones y cabildos— tendrán que trabajar más horas. El Consejo de Ministros aprobó este viernes volver a congelar en 2012 el salario de los empleados públicos, que ya ha estado congelado este año y se había reducido un 5% en 2010. Congelarlo quiere decir que no baja, pero sí pierde poder adquisitivo porque tampoco sube, mientras que los precios sí subirán.

A la vez, la jornada laboral de los funcionarios se eleva a 37,5 horas semanales. En la actualidad, esa es la jornada de los empleados de la Administración central, al menos es la que recoge como jornada máxima el convenio colectivo aprobado en 2009; en las administraciones autonómica y local no está homogeneizado: hay funcionarios con jornadas de 37,5 horas, otros que trabajan 35 y otros incluso menos (o más).

El aumento de jornada —37,5 horas para todos— supone que los funcionarios afectados cobrarán lo mismo por trabajar más tiempo. Además, podría dar lugar a despidos de trabajadores interinos o con contrato laboral, si las tareas que realizan fueran asumidas en ese tiempo extra por los funcionarios de carrera. Quien no quiera trabajar 37,5 horas puede negarse, pero tendrá que aceptar una reducción del sueldo.

Por otra parte, la tasa de reposición de las plantillas de empleados públicos de toda España queda congelada. Eso significa que no saldrán a oposición nuevas plazas y que las bajas, jubilaciones o traslados no serán cubiertos. Con estas excepciones: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, centros de salud y hospitales, profesores y el personal dedicado a perseguir el fraude “fiscal y laboral”; en esos casos, la tasa de reposición podría llegar, como máximo, al 10%, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Indignación de CC OO

En España hay 2,6 millones de funcionarios. El 50% depende de las comunidades autónomas, el 24% de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos o consejos insulares, y solo el 22% del Gobierno central (hay también un 4% en universidades).

Teóricamente, los acuerdos anunciados por Sáenz de Santamaría —congelación del sueldo, aumento de la jornada laboral, tasa de reposición cero— afectan a todos ellos, aunque en el documento que La Moncloa colgó en su página web no se precisa. De hecho, en ese documento las excepciones a la tasa de reposición que se señalan son solo las que dependen de la Administración central: “Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los Cuerpos de lucha contra el fraude”. No se menciona a personal sanitario y docente. El servicio de prensa no pudo aclararlo ayer, aunque un portavoz afirmó que, en caso de duda, hay que remitirse a lo anunciado por la vicepresidenta.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, se había reunido por la mañana con los sindicatos para comunicarles las medidas al mismo tiempo que se estaban aprobando. Según CC OO, les habló de la congelación del sueldo y de la tasa de reposición, pero no de la ampliación de la jornada laboral. “De las 37,5 horas no nos ha dicho ni una palabra. Nos hemos enterado viendo la rueda de prensa por televisión. No solo es inaceptable que nos lo haya ocultado, sino que la jornada es un aspecto de obligada negociación. No descartamos presentar algún tipo de demanda”, afirmó Juan Carlos Rodríguez, secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva de la Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato.