El Gobierno culpa a las autonomías de la grave desviación del déficit público

España se despidió ayer del cumplimiento de sus compromisos con Bruselas para reducir este año el déficit público del 9,2% al 6% del producto interior bruto (PIB). A pesar de que la mayoría de analistas venían advirtiéndolo hace semanas, todavía era una incógnita si el desvío sería cuestión de décimas o algo más serio. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, despejó ayer esa duda: el sector público español cerrará el año con un déficit del 8%, dos puntos superior a lo previsto. El continuo deterioro de los ingresos como consecuencia de la atonía de la economía, de nuevo al borde de la recesión, y la insuficiencia de los ajustes efectuados por las comunidades han desbaratado los planes para acercar a España a la estabilidad presupuestaria.

La consecución del déficit del 6% dependía de todas las Administraciones. El Gobierno central debía acabar el año con un déficit del 4,8%; las comunidades autónomas se comprometieron a reducir el suyo hasta el 1,3%, y los Ayuntamientos solo estaban autorizados a una pequeña desviación del 0,3%. Solo se preveía que la Seguridad Social saldara el año en positivo. Nada de eso se ha cumplido.

A pesar de que no habrá datos cerrados hasta febrero, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó que la Administración central se desvió “unas décimas” de la previsión, mientras que la Seguridad Social, por primera vez desde que dejó de financiar la sanidad, entrará en números rojos. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, descartó de momento tener que echar mano de la hucha del Fondo de Reserva.

La desviación de la Administración central se debe sobre todo a la bajada de los ingresos por la mala marcha de la economía. El director de Coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros, Ángel Laborda, explica que sobre todo ha hecho mella el hundimiento del consumo, que ha impedido recaudar lo previsto en concepto de “impuestos indirectos y ciertas tasas”. Salgado ya aprobó en agosto, cuando se produjo el acoso de los mercados a la deuda española, un paquete de medidas de ajuste por 5.000 millones de euros, de los cuales la mitad debían ser aportados de los pagos a cuenta de las grandes empresas por el impuesto de sociedades.

Montoro aseguró que el boquete en el déficit procede sobre todo de las comunidades autónomas. En septiembre estas ya presentaron unos números que situaban el déficit en el 1,19% a las puertas de un trimestre, el último del año, en el que se amontonan los pagos de la Administración. Laborda considera que estas han incurrido en incrementos de gastos porque empezaron tarde los ajustes a causa de las elecciones del mes de mayo. Tres comunidades —Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia— empeoraron respecto al año pasado.

Si cada punto de déficit equivale a unos 10.000 millones de euros, eso significa que el ajuste del año que viene ascenderá a más de 36.000 millones de euros. Aunque el grueso de esa tarea se materializará en los Presupuestos de 2012, la prórroga de las cuentas de este año prevén ahorrar cerca de 15.000 millones: 8.900 millones a través de un recorte de gasto en los ministerios y 6.000 millones con una subida “temporal” de impuestos.