Baleares cierra las oficinas de las víctimas de delitos

El Ejecutivo de Baleares, gobernado por el popular José Ramón Bauzá, ha decidido recortar a los más desamparados, las víctimas de delito sin recursos. Un nuevo “ajuste” anunciado hoy supondrá desmontar, a partir del 1 de enero, la red de diez oficinas de asistencia a las víctimas, que comenzó a funcionar en 1989 y que estaba implantada en todo el archipiélago. Los colegios de abogados y psicólogos no se avienen a renunciar a una parte de sus emolumentos estipulados, según la fórmula de rebaja a la que les emplazó el Gobierno en su plan de limitación de gastos.

"La competencia en materia de asistencia a las víctimas del delito es del Ministerio de Justicia y no de la Comunidad Autónoma", es el argumento oficial esgrimido. La raíz está en el desacuerdo con los colegios de psicólogos y abogados para rebajar la facturación mediante “el recorte de los horarios, horas de asistencia prestada en proporción a la rebaja de dinero disponible para el servicio”.

La web gubernamental anunció el cierre dictado por la Dirección general de Interior, Emergencias y Justicia de Baleares. Las oficinas se crearon al amparo de la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia para asegurar el amparo legal y personal las víctimas de delitos violentos. Baleares fue la comunidad pionera en establecer las oficinas. Una de sus primeras profesionales fue la actual eurodiputada y ex líder del PP regional, Rosa Estarás.

El Gobierno balear señala que la atención a las víctimas "está garantizada" por los servicios que ofrecen otros organismos e instituciones. Una de las oficinas están en las dependencias de los juzgados de instrucción y de lo penal de Palma. El Gobierno central se debía hacer cargo de proporcionar el local y los servicios necesarios mientras que el Gobierno autonómico se comprometía a proporcionar los recursos materiales y personales por atender a las víctimas.

Los colegios oficiales tenían el compromiso de ofrecer 202 horas de asistencia semanal (106 jurídicas y 96 psicológicas) por un importe de 265.000 euros. La rebaja presentada hasta los 150.000 euros. Con los recortes se propusieron 80.864 euros para 60 horas de asesoramiento legal semanal y 71.450 euros para 56 horas de apoyo psicológico, condiciones que han sido rechazadas por ambos colectivos profesionales.