La historia de una imputación

La calamitosa gestión del Gobierno balear del PP entre 2003 y 2007, plagada de irregularidades en la contratación de obras y servicios, ha dado lugar a una investigación judicial que dura ya varios años y que abarca múltiples organismos públicos donde anida la corrupción, alimentada por unos gestores manirrotos cuyo principal exponente es Jaume Matas, exministro de José María Aznar y ex presidente de Baleares.

La adjudicación del polideportivo Palma Arena por parte del Ejecutivo autónomo del PP permitió múltiples contrataciones irregulares donde se movieron millones de euros. El trabajo de jueces y fiscales descubrió bajo las alfombras de aquel expediente administrativo a decenas de empresas y personas que se beneficiaban del dinero público sin cumplir con la ley.

Entre esas empresas, aunque no tuviera relación directa con el polideportivo Palma Arena ni con su tramitación, se encontraba el Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin desde 2004.

La primera sospecha de las relaciones especiales que el duque de Palma mantenía con el Gobierno balear surgió a partir de un registro relacionado con el caso Palma Arena en el que se descubrió un correo electrónico fechado el 21 de marzo de 2006 a las 19.38. En ese correo electrónico, dirigido al director general de Deportes del Ejecutivo balear, José Luis Ballester, un trabajador del instituto Nóos señalaba: “Como te ha comentado Iñaki, nos gustaría mantener una breve reunión para que conocieras un proyecto muy interesante que os presentará la empresa ACTIS, dirigida por José Luis Ferrnado. Se trata de un evento deportivo llamado World Beach Games. Iñaki me ha comentado que estarás disponible en tu despacho el viernes 24 a las 10. Te confirmo que allí estaré acompañando a José Luis Ferrando en su presentación”.

Para entonces, Urdangarin ya había establecido con el Gobierno balear una relación muy rentable. Su fundación se encargaba de organizar unas jornadas que pretendían promocionar el turismo en la isla a través del deporte por las que cobraba un millón de euros al año. El dinero que recibía ese organismo que presidía Urdangarin, cuya característica principal era que no tenía ánimo de lucro, acababa en manos de empresas privadas con ánimo de lucro. Algunas de esas compañías a las que contrataba el instituto Nóos eran del propio Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, o del principal socio del Duque de Palma, Diego Torres.

Cuando la investigación reclamó la documentación de los convenios de colaboración entre el Instituto Nóos y el Gobierno balear y, sobre todo, cuando analizó cómo se justificaban los gastos del millón de euros de cada Congreso, el juez pudo apreciar que había precios muy por encima de los que regían en el mercado y contrataciones entre empresas de la trama con epígrafes genéricos que no permitían acreditar si realmente se había prestado el servicio por el que se había librado el pago. Además, las facturas presentadas no sumaban el monto recibido del Gobierno balear.

Con estos hallazgos, el juez consideró que había que imputar a Diego Torres (gerente de Nóos entre 2004 y 2006 y presidente de ese organismo a partir de entonces) por los supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

Este hilo de la madeja del caso Palma Arena constituye la pieza separada número 25 de un escándalo político que sentará en el banquillo a un expresidente autonómico por múltiples delitos en numerosos procedimientos de contratación de obras y servicios. Durante los últimos meses de investigación de las adjudicaciones al instituto del Duque de Palma se ha podido acreditar que los negocios irregulares de Urdangarin se extendieron también a otras administraciones públicas, como la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valenciana. La mecánica siempre era la misma. Urdangarin conseguía de las administraciones públicas dinero para organizar eventos a través de su instituto sin ánimo de lucro y desviaba parte de ese dinero público a sus empresas privadas con ánimo de lucro. Además, ni él ni su socio, Diego Torres, justificaban convenientemente en qué se habían gastado el dinero recibido.

Sólo la desastrosa gestión de un Gobierno autónomo, con múltiples irregularidades en la adjudicación de obras, ha permitido destapar la trama que supuestamente había montado Urdangarin para apropiarse de fondos públicos sin levantar sospechas gracias a la fachada blanca de un instituto sin ánimo de lucro.