Esbozo de pacto básico

La idea de una ley que fije un marco común de prestaciones sanitarias fue protagonista inesperada del debate de investidura y uno de los pocos puntos en los que se adivinan puntos de consenso. Rajoy propuso en su discurso, y Rubalcaba acogió con interés en su réplica, una nueva ley (llamada de servicios básicos) que pretendería fijar una atención sanitaria mínima común en todo el territorio. Ese catálogo ya existe, y se llama cartera de servicios comunes, aunque en forma de real decreto de 2006. Así que la pregunta quedó en el aire: ¿se revisará la lista de prestaciones para ampliarla, afianzarla o recortarla? En todo caso se examinará mirando cada euro.

El marco legal actual ha demostrado sus carencias en conflictos como el que ha enfrentado al País Vasco y La Rioja y ha tenido como rehenes a algunos miles de ciudadanos en territorios limítrofes; como también fueron víctimas los desplazados en comunidades turísticas a los que se ha negado el acceso a la sanidad de todos.

Una nueva ley debería despejar cualquier duda sobre la universalidad de las prestaciones sanitarias que gestionan las autonomías. Difícil tenía Rubalcaba oponerse a eso. Lo interesante está en vincular esa cartera a la financiación por el Estado. “La definición de la cartera de servicios públicos básicos comunes permitirá asegurar la financiación de los recursos necesarios para garantizar su prestación, y que estos sean asignados eficientemente y con respeto al principio de lealtad institucional”, dijo Rajoy.

Esta forma de explicarlo genera otra pregunta: y lo que no se considere básico, ¿cómo se va a financiar? Las autonomías van a tener menos margen para mejorar por su cuenta la lista de coberturas, lo que hasta ahora era habitual. ¿Se abrirán puertas al copago por el paciente? Nadie lo dice. Todavía.