Las farmacias valencianas echan el cierre

Los farmacéuticos sacaron ayer a la calle el hartazgo y la indignación acumulada por los 550 millones de euros que les debe la Generalitat que no les paga por los medicamentos de la Seguridad Social que sirven desde mitad del pasado mes de julio.

La protesta, a la que acudieron un millar de boticarios, comenzó frente a la consejería de Hacienda. Allí, entre una ensordecedora pitada, corearon lemas como No nos pagan, ¿Dónde está el dinero? o Vela, paga, el tiempo se te acaba, en referencia al responsable de las cuentas de la Generalitat, el consejero José Manuel Vela. Acudieron boticarios de toda la provincia de Valencia, pero también de Castellón y Alicante.

En todos los casos, las historias que relataban eran muy similares. Buena parte de los boticarios están aportando su patrimonio personal para obtener créditos bancarios con los que evitar el cierre. “Eso los más afortunados que tienen bienes para avalar u obtener hipotecas”, comentaba uno de ellos. Los más han tenido que despedir a auxiliares y renegocian pagos con bancos y proveedores. Y trabajan bajo demanda, con existencias al mínimo. De hecho, la sombra del desabastecimiento comienza a planear sobre los establecimientos.

Han cerrado siete boticas, y 30 han pedido el concurso de acreedores

“La sociedad necesita unos medicamentos que ya no podemos comprar porque hemos agotado nuestro dinero y nuestro crédito”, se lamentaba la presidenta del colegio de Valencia, María Teresa Guardiola. Días antes, ya advirtieron desde la entidad colegial el riesgo de que haya “una reducción importante de existencias de algunos medicamentos”. Guardiola recordó que los impagos del Consell ya han provocado, solo en la provincia de Valencia, el cierre de siete farmacias. Además, otros dos establecimientos están en concurso de acreedores y 28 más se hallan en situación preconcursal.

La riada de batas blancas se desplazó, con sus silbatos y sus cánticos, de la consejería de Vela, cerrada a cal y canto, al Palau de la Generalitat. Y de allí al Tribunal Superior de Justicia, donde se juzga al expresidente Francisco Camps por un presunto delito de cohecho impropio. ¡Chorizos, queremos cobrar! clamaron algunos de los farmacéuticos.

La protesta de ayer sirvió de aperitivo al cierre patronal anunciado para los próximos días 19, 20 y 21 (lunes, martes y miércoles), al que previsiblemente se sumarán en masa las 2.400 farmacias de toda la Comunidad Valenciana. La medida se acordó en la asamblea de boticarios del colegio de Valencia celebrada el martes por la noche. Ayer por la mañana, los farmacéuticos de la provincia de Alicante (786 establecimientos) acordaron sumarse a la convocatoria. “No podemos aguantar más”, dijo Jaime Carbonell, presidente del colegio. Castellón lo hizo ayer por la noche.

El enfado de los farmacéuticos se desató el viernes, al tener conocimiento de que la Generalitat no iba a cumplir el calendario de pago acordado a principios de noviembre

La Generalitat anunció ayer que existirá un servicio mínimo equivalente a las guardias de festivos que se traducirá en unas 216 establecimientos abiertos: 95 en Valencia, 51 en Castellón y 70 en Alicante. En la nota hecha pública ayer por parte del Gobierno valenciano, además de lamentar “las dificultades de liquidez” que atraviesa la Administración autonómica “debido a la inestabilidad de los mercados financieros”, el Consell comunica que en los centros de salud se exhibirá un listado con las farmacias abiertas durante el cierre y que para cualquier consulta relacionada con esta cuestión se ha habilitado el número telefónico gratuito 900 101 081. En contra de las advertencias de los boticarios, la Generalitat iniste en que “no habrá desabastecimiento”.

El enfado de los farmacéuticos se desató el viernes, al tener conocimiento de que la Generalitat no iba a cumplir el calendario de pago acordado a principios de noviembre para saldar la deuda. Solo se liquidó el primer plazo, 60 millones que se pagaron 10 días antes de las elecciones del 20 de noviembre. El viernes tocaba otro pago de 60 millones que no se ha realizado, y que, según la consejería de Hacienda, se hará efectivo junto al tercer plazo, otros 60 millones cuyo pago está previsto a finales de mes.

El consejero de Sanidad, Luis Rosado, aludió ayer a algunas de las 168 medidas que pretende adoptar para tratar de paliar las tensiones presupuestarias de su departamento y ahorrar 328 millones de euros. Tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunció que todos los los centros de salud abrirán hasta las nueve de la noche y que se revisarán los gastos de lavandería y limpieza, se centralizará la cocina de distintas unidades hospitalarias y se racionalizará el uso de apósitos en los hospitales.

ÁNGELA LERMA: "Me deben 600.000 euros"

Ángela regenta junto a Antonio, su marido, la farmacia Lerma de Altea. Ambos acudieron ayer a la manifestación de Valencia para sumarse a la protesta y dar cuenta de la situación en la que se encuentran.

“Esto es insostenible", relata Ángela, “la Generalitat nos debe 600.000 euros desde julio”. Ellos aún se consideran afortunados porque, al contrario de lo que pasa con colegas suyos, el banco les ha concedido un préstamo esta misma semana para poder seguir adelante. Con su casa como aval, han obtenido un crédito hipotecario de 250.000 euros. “Tenemos que pagar a Hacienda, la Seguridad Social, el salario de los trabajadores…", explica. En la farmacia trabajan cuatro miembros de la familia —“nosostros no cobramos”— y otros siete empleados. Aunque es probable, que en breve la plantilla se reduzca: “Seguro que tendré que despedir a alguien debido a los impagos”.

Ángela explica, entre sorprendida e indignada, que, de hecho, con sus préstamos, está dando créditos todos los días a la Generalitat. Al servir medicamentos con receta “estoy adelantando un dinero” que el Gobierno valenciano no paga. A la fuerza, “yo avalo a la Generalitat”, resume.

FRANCISCO DE FRANCIA: "He despedido a un auxiliar"

“Cada uno lleva esto como puede”, explica Francisco de Francia, que tiene una farmacia en Castellón y que ayer se sumó a la protesta de Valencia. En su caso, “la solución pasa por pedir una póliza al banco”.

Ello no implica que la deuda que acumula la Generalitat con las boticas no tenga impacto en la atención que ofrecen los establecimientos. “No estoy dando el servicio que debería a los pacientes, no puedo”, explica.

Francisco comenta que no puede pedir a los almacenes que distrubuyen los fármacos todos los productos que quisiera porque no tiene dinero para pagarlos. Ello se traduce en que se están comprando menos medicamentos o incluso se están dejando de comprar los mas caros. “¿Un ejemplo?, pues las inyecciones de Forsteo [teripatida, un producto que combate la osteoporosis ]”, responde. “No puedo comprarlo porque cuesta 465 euros y no lo puedo pagar”, indica. “Las farmacias están desabasteciéndose”, apunta, “y los clientes van a tener que ir de establecimiento en establecimiento para comprar lo que buscan”.

En su farmacia son dos personas y ya ha tenido que despedir a un auxiliar. “Casi todo el mundo ha hecho lo mismo”.