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Valencia estudia cerrar centros de salud antiguos para ahorrar

El consejero de Sanidad analiza unas 200 propuestas destinadas a recortar gasto sanitario Se recortará en luz, agua, teléfono e Internet

El consejero Luis Rosado.
El consejero Luis Rosado.CARLES FRANCESC

El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Luis Rosado, tiene sobre su mesa unos dos centenares de propuestas dirigidas a meter la tijera a hospitales y centros de salud. Recursos humanos, compras, hostelería, hospitalización, actividad sanitaria, conciertos... pocas parcelas se escapan a los recortes que planean sobre la Agencia Valenciana de Salud, incluido el cierre de centros, según ha sabido este diario. De momento, están en estudio. Estas son algunas de las inciativas a debate:

Cierre de centros. Se contemplan medidas radicales como el cierre de centros de salud, puntos de atención continuada o complementarios de especialidades. Afectaría, en principio, a aquellos que estén deteriorados o que no tengan demasiada actividad y dispongan de instalaciones relativamente próximas adonde se puedan desplazar los pacientes.

Cambio de horarios. Está en estudio revisar los horarios de centros de salud y extenderlos hasta las 21.00 (ya sucede, por ejemplo en la gran mayoría de los de Valencia), de forma que los puntos de atención continuada (PAC, urgencias en atención primaria) cubran el segmento horario de las 21.00 a las ocho de la mañana. Así se estandarizaría la atención en todo el territorio. Además, se podría alterar el horario de julio a agosto en los centros de salud, de forma que cerraran por las tardes y se derivara el servicio a los PAC.

Bajas solo en caso necesario. Una de las batallas que desea plantear Sanidad tiene que ver con el absentismo y el control de las sustituciones. Para ello, hay medidas que llaman la atención —por lo evidentes que resultan—, como el hecho de que la incomparecencia al trabajo “solo quedará justificada por el parte de baja o justificante oficial emitido por el médico de cabecera”. Además, el departamento de Luis Rosado se plantea no sustituir trabajadores hasta pasadas dos semanas de una baja si el trabajo no lo puede asumir el resto de la plantilla. En el caso de enfermería, admisión y celadores, solo habría sustitución si estuvieran en puestos de atención directa al público o son recursos únicos.

Menos llamadas de teléfono y menos Internet. Los planes de ahorro estudian limitar el número de terminales telefónicos con salida al exterior de los centros sanitarios así como de ordenadores con acceso a internet.

Externalización o concentración de servicios. Una medida clásica de ahorro ha consistido tradicionalmente en la externalización de servicios. A este procedimiento o a la concentración de actividad para obtener rendimientos de escala también se refieren algunas de las propuestas que baraja la consejería de Sanidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a los servicios de esterilización o a la lavandería, pero también en la elaboración de menús.

Recortes en gasto de luz, agua y aire acondicionado. Parte del gasto fijo de los centros sanitarios corresponde al consumo de servicios básicos como el agua o la electricidad. Se estudia establecer controles de gasto de agua (de consumo y riego). También establecer una relación entre tipos de centros y potencia eléctrica, de forma que no se pague más por una energía que no se utiliza o incluso la reforma de instalaciones eléctricas que permitan ahorrar. Algo similar se plantea para cuestiones relacionadas con la iluminación (temporizadores en baños, reducción de alumrado en zonas con suficiente luz...”

Madres de lactantes, sin menú. Las madres con lactantes o niños preescolares ingresados podrían quedarse sin menú cuando les acompañen en el hospital. También el reparto de agua en botellas de litro y medio para las personas hospitalizadas.

Informes de resonancias a cargo de médicos públicos. El PP concertó los servicios de resonancia magnética, una operación que disparó el gasto en este tipo de diagnóstico por imagen. Algunas de las medidas de ahorro están destinadas a revisar tanto las peticiones de resonancias como a implicar a los radiólogos públicos a la hora de informar de los estudios y rebajar así la facturación de las empresas concertadas.

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