Tres cargos de la etapa Camps imputados por los pagos a Urdangarin

La Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de Baleares ha interrogado a los ex directores generales de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, CACSA, Jorge Vela (actual responsable del Instituto Valenciano de Finanzas) y José Manuel Aguilar por los contratos realizados con el Instituto Nóos para la organización de tres ediciones de unas jornadas denominadas Valencia Summit. Todos ellos acudieron a declarar acompañados de abogado, algo que la ley no permite en el caso de que acudan como testigos de la causa, sino que lo prevé para cuando han sido imputados. Hay un tercer cargo imputado de la etapa del Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps, que no ha sido identificado.

También ha declarado, pero en calidad de testigo, el director de la fundación municipal Turismo Valencia, José Salinas. A última hora de la mañana, y tras más de una hora de declaración, el fiscal ha finalizado el interrogatorio al vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ya que el consistorio, a través de una fundación, cofinanció el proyecto Summit.

Salinas ha asegurado a EL PAÍS que el interrogatorio se centró en "aclaraciones" a la documentación intervenida el pasado 8 de noviembre, en la sede de la Conselleria de Presidencia y de CACSA.

Además, durante la mañana la Policía ha interrogado a varios trabajadores de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia para comprobar si la documentación de esta empresa con el Instituto Nóos, que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, corresponde con trabajos realizados. Los agentes han requerido la colaboración de empleados de distintos departamentos para contrastar la documentación requisada con motivo de la investigación. En un comunicado, la Ciudad de las Artes ha asegurado que no se ha producido ningún resgistro.

También el Gobierno valenciano, a través de una nota escrita, ha manifestado que desconoce la existencia de algún auto de imputación y asegura que "ningún juez, único competente para tomar declaraciones a un imputado, ha interrogado a nadie".

Las diligencias que se están practicando en Valencia están ordenadas por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca en el marco de la pieza separada y declarada secreta del caso Palma Arena. 

El Instituto Nóos cobró de la administración valenciana, entre 2003 y 2006, un total de 3,7 millones de euros por organizar tres ediciones del certamen Valencia Summit y por los trabajos relacionados con la candidatura de los Juegos Europeos. Los tres certámenes celebrados en Valencia costaron 900.000 euros anuales, financiados al 50% por la fundación municipal Valencia Convention Bureau y por CACSA. Pero también se pagaron cientos de miles de euros en gastos de desplazamiento y alojamiento de los participantes.

Según reconoció el propio Consistorio de Valencia, su fundación pagó, en concepto de gastos, 148.000 euros en 2004 y 215.000 euros al año siguiente. Por su parte, Cacsa, según fiscalizó entonces la Sindicatura de Comptes, abonó otros 343.000 euros en gastos durante dos años.

Los juegos europeos nunca se llegaron a celebrar. El presupuesto del evento fue de más de tres millones de euros de los que, al menos, se pagaron 382.000 euros por las gestiones realizadas.