Bauzá retoma la construcción paralizada por la izquierda en zonas naturales
El PSOE quiere “garantías y máxima transparencia” por parte del Gobierno de Baleares El PP dice que el impacto de su norma es mínimo porque aborda zonas urbanizadas
Cambio de mayoría y otro rumbo en la política territorial de Baleares. Se abre la puerta, otra vez, al desarrollismo urbanístico en el litoral, paralizado tras las presiones ciudadanas y de los ecologistas. Con los argumentos de “la seguridad jurídica” y de evitar el pago de grandes indemnizaciones a los promotores [cerca de 1.000 millones, según el PP] cuyos derechos fueron anulados, el Gobierno de Baleares del popular José Ramón Bauzá, dará marcha atrás a decisiones proteccionistas de la izquierda, que anularon proyectos urbanísticos en zonas sensibles del archipiélago.
La nueva mayoría absoluta del PP tiene las manos libres para dar este golpe de timón anunciado. El consejero Company quiere facilitar la edificación agrícola en suelo rústico y permitirá, “con normas para que los agricultores no tengan tantos problemas para poder construir sus dependencias en suelo rústico. Debemos fomentar la seguridad jurídica”, ha indicado.
Las zonas húmedas de Ses Feixes (Ibiza) y Ses Fontanelles (Mallorca), ámbitos de interés natural con planes de explotación que motivaron la protesta ciudadana, serán liberadas de las normas de preservación. También quedarán abiertas para el negocio antiguas urbanizaciones paralizadas en las dunas de Son Real, en la zona montañosa de Es Verger, Es Guix en Escorca, Valldemossa, Soller, Alcúdia, Pollença, Andratx y Sant Josep. En 2008, el Gobierno PSOE-PSM-UM cambió a rústica la clasificación urbanística en decenas de enclaves de suelo urbano o urbanizable. Se trata de suelos explotados sin un proceso legal definido, en el litoral y la montaña, en buena parte que quedaron fuera del mercado tras ser iniciados al margen de la ley, como parte de la lujosa urbanización de Roca Llisa (Ibiza).
El consejero balear de Medio Ambiente, Biel Company, confirmó su plan en las redes sociales así: “El decreto ley que prepara el Gobierno [balear] es para legalizar zonas ya urbanizadas que el Pacte [PSOE-PSM-UM] desclasificó de forma arbitraria”. El posible desarrollo de la urbanización germinal en Es Guix, en la montaña de Lluc, en plena Serra de Tramontana, ha creado alarma en el PSOE y su portavoz parlamentario, Francina Armengol, expresidente del Consell de Mallorca, ha dicho que pondrá en peligro la reciente consideración de la Tramontana como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El PP dice que el impacto de su norma es mínimo porque aborda zonas urbanizadas. En el caso de Es Guix se asegura que la explotación es de los años 60 y que los habitantes de Escorca han de tener la posibilidad de construir una casa en su término.
Garantías y transparencia
Por otra parte el PSOE quiere “garantías y máxima transparencia” por parte del Gobierno de Baleares de José Ramón Bauzá (PP) en la concesión de pautas legales de excepción y celeridad para determinadas actuaciones urbanísticas. Bauzá reclama la aceleración del cambio económico a través de la recuperación de los proyectos excluidos por la izquierda.
El presidente exhibe como uno de sus grandes logros iniciales la apuesta inversora por el grupo turístico Meliá en la reforma del núcleo de Magaluf, avalada por la consideración de “interés autonómico”.
La declaración autonómica del proyecto, aún antes de que fuese oficial –que reduce a la mitad los trámites administrativos– la empresa hotelera Meliá –de la familia Escarrer– anunció que el gabinete iba a concederlo y que Bauzá asistiría a la presentación. Así ha ocurrido, el salvoconducto se otorgó y el presidente acudió al acto empresarial. El PSOE, ante los anuncios de cambios en leyes territoriales para facilitar inversiones, cree necesario esmerar la vigilancia, la seguridad jurídica y la publicación de las excepciones en el Boletín Oficiales de las Islas Baleares.
La diputada socialista y exconsejera de Turismo, Joana Barceló, defenderá una proposición de ley para modificar la ley del PP de “medidas urgentes para el impulso a la inversión”. Barceló solicita el control parlamentario de los proyectos protegidos gubernamentalmente con un análisis de la viabilidad económica-financiera, generación de ocupación, impacto económico, impacto medioambiental o en la vertebración territorial y social.
