La Junta prepara las reclamaciones de las subvenciones directas

Las subvenciones directas a las empresas concedidas entre 2001 y 2010 son uno de los mayores quebraderos que afronta la Consejería de Empleo. Casi un año después de que saltara el escándalo de los ERE, la Junta ha modulado su posición inicial en defensa de la legalidad de las ayudas por 65 millones concedidas a discreción. Si hasta el mes pasado el Ejecutivo defendía la legalidad de todas las ayudas pese a que muchas carecían de estudio de viabilidad de la empresa y control a posteriori del destino del dinero, ahora reclama parte del dinero entregado.

Para la inmensa mayoría de las ayudas, el cambio de postura llega tarde puesto que la ley fija en solo cuatro años el plazo para iniciar el trámite administrativo que exija el reintegro de una ayuda concedida de manera irregular. Es decir, todas las reclamaciones de subvenciones concedidas con anterioridad a 2007 (la mayoría) han prescrito según la ley. A pesar de que hace meses que las irregularidades en la concesión de ayudas directas a las empresas saltaron a la luz en el caso de los ERE, hasta ahora la Junta no ha reaccionado y por fin ha visto conveniente reclamar el dinero.

"Desde que la Junta sospecha que estamos ante una causa de nulidad de la subvención, debe iniciar el proceso. Todas las subvenciones igual de nulas que las incorporadas al caso y que no pasen por las manos de Alaya, prescribirán por culpa de la inacción. ¿Cuánto tiempo lleva la causa? ¿Un año? Pues un año que llevamos perdido de tiempo perdido", lamentan fuentes del caso que piden el anonimato.

El giro institucional lo escenificó la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, cuando hace 10 días anunció que la Junta había denunciado ante Alaya la existencia de una trama integrada por 18 empresas que habrían percibido de manera irregular unos 20 millones de euros. En el informe se cita a siete personas y figura el exconcejal socialista y empresario José Enrique Rosendo, cuyas sociedades en torno a Matadero Sierra Morena percibieron al menos 13,7 millones. La Junta matizó que todas las empresas operan en la Sierra Norte de Sevilla, epicentro de las ayudas directas y la presunta malversación. En el escrito, el Ejecutivo describe la ausencia sistemática del procedimiento administrativo seguido por Guerrero para conceder estas ayudas.

Numerosas ayudas han prescrito tras el plazo de cuatro años que fija la ley

Fuentes de la Consejería de Empleo han confirmado de manera escueta que la reclamación se iniciará en breve: "Sí, vamos a pedir la devolución". Todo apunta a que los servicios jurídicos de la Junta estaban esperando como agua de mayo el espaldarazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que finalmente llegó hace dos semanas. La Junta se negó a pagar estas subvenciones y los supuestos beneficiarios recurrieron la decisión al TSJA, que las anuló. Fueron dos sentencias que confirmaban que el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, concedió dos ayudas que carecían por completo de expediente "con total desprecio al Derecho y a los trámites exigidos". La pelea judicial que se avecina entre la Junta y los empresarios beneficiados durante casi una década será ardua, pero la Junta tendrá muy difícil rebatir el argumento clave: el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones 38 /2003: "Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el reintegro desde el momento de la concesión".

Para conceder la mayoría de ayudas no existía un estudio de viabilidad de la empresa ni control posterior del destino del dinero

Porque la Junta confía en que la juez depure responsabilidades e investigue todas las ayudas, una por una, a lo largo de la instrucción penal. En ese caso el Tribunal de Cuentas ordenaría el reintegro del dinero. Sin embargo, obviamente será un trabajo de chinos, puede que ciertas ayudas escapen a la instrucción judicial por falta de indicios, y además la devolución se puede retrasar años.

Al margen de esta reclamación de las ayudas directas, Empleo inició en su día el trámite administrativo para lograr la devolución del dinero que cobraron los intrusos de manera fraudulenta, al margen de la instrucción penal que dirige la juez Alaya. El trámite ha ido avanzando y ya se ha iniciado la fase de presentación de alegaciones por parte de los beneficiados. "La Junta empezó el trámite en consonancia con su tesis", subrayan fuentes de Empleo.

Pagos sospechosos

Durante nueve años, entre 2001 y 2008, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero manejó un fondo para empresas en crisis de 647 millones de euros de manera discrecional. Esas ayudas públicas fueron definidas por el propio Guerrero como "fondo de reptiles", aunque luego se desdijo.

Pero el capítulo del fondo más espinoso fueron las subvenciones directas a empresas: 87 millones para un auténtico cajón de sastre repleto de pagos sospechosos. La contabilidad del fondo revela cómo este sirvió para ayudar a empresas en dificultades pero también contentar, de manera discrecional, a alcaldes, presidentes de asociaciones y fundaciones a través de 130 ayudas. La provincia de Sevilla acumula la gran mayoría de abonos y concentra 10 de los 13 Ayuntamientos beneficiados.

El acuerdo firmado en 2001 por la Consejería de Empleo para agilizar el rescate de grandes empresas en crisis despejó el problema de la eterna burocracia, pero también inició un escenario con decisiones sospechosas de amiguismo. La Intervención General envió tres informes cuestionando el proceso, pero estos cayeron en saco roto porque no eran vinculantes.

Para conceder la mayoría de ayudas no existía un estudio de viabilidad de la empresa ni control a posteriori del destino del dinero. "Había un interés por saber cómo funcionaba la empresa a través de contacto telefónico", reconoció Guerrero. Ante la falta de control, hubo empresarios que invirtieron sus subvenciones de manera reglada en maquinaria y contrataciones, otros que destinaron solo una parte de los fondos a inversión empresarial, y otros que cerraron su firma al poco tiempo de recibir una ayuda millonaria.

Entre los casos más llamativos figuran cuatro empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 años y hermano del expresidente de la Junta andaluza José Rodríguez de la Borbolla, que percibieron 7,8 millones. En ese pueblo, una gasolinera percibió 60.000 euros. Guerrero siempre se preocupó por la economía de la Sierra Norte sevillana, donde nació, y concedió ocho millones a un grupo de sociedades vinculado al empresario y exedil socialista José Enrique Rosendo. El padre del empresario, Rafael Rosendo, fue alcalde de El Pedroso al igual que Guerrero y es uno de los 70 intrusos identificados en los ERE.

Más tarde, la Junta transfirió 300.000 euros para pagar los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió el exministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel. La subvención se concedió pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores, y Empleo incluso sugirió a los trabajadores que se asociaran para recibir el abono al margen de los administradores concursales.

Ante los reparos de la Intervención General, Guerrero admitió: "Hicimos borradores de decreto, de órdenes y nos tiraron todos para atrás. Por eso seguimos con el mismo sistema".