Parados gallegos sin prestaciones llevan dos meses pagando sus fármacos

E.N.G, vecina de A Coruña, lleva más de tres años en paro, pero nunca imaginó que se quedaría sin cobertura sanitaria sin previo aviso del Sergas (el servicio gallego de salud). Hace casi dos meses que se paga sus medicamentos y este jueves, para vacunarse contra la gripe, ya no se pasó por el centro de salud, fue directamente a la farmacia. “Tuve que comprar yo la vacuna. En la farmacia llamaron a un practicante para que me la pusiera, aunque no me quiso cobrar”, cuenta. Esta mujer de 61 años, enferma crónica, cumple la condición que reseñan todos los pacientes parados que estos días descubren que su tarjeta sanitaria está desactivada: ha agotado su prestación por desempleo hace más de 12 meses. No tiene derecho a consulta con su médico de cabecera y si durante los dos o tres meses que tardará el Sergas en tramitarle una tarjeta PSR (para personas sin recursos) tiene que acudir a urgencias, deberá firmar un compromiso de pago. Aunque la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, ha repetido hasta la saciedad que solo los extranjeros que no acrediten derecho a asistencia estarán obligados a firmar dicho documento, la información que E.N.G recibe de los portavoces del Sergas encargados de sus trámites dice todo lo contrario. “A mí lo que me dijeron es que por urgencias —la única asistencia a la que sigue teniendo derecho— me van a cobrar, que tengo que cubrir un compromiso de pago”, relata.

El ir y venir de E. desde su centro de salud de O Venturillo a la delegación de Hacienda y el Ayuntamiento de A Coruña comenzó hace algo menos de dos meses, cuando intentó comprar los fármacos que le había recetado el médico. “Como estoy enferma y tomo mucha medicación, voy a la farmacia con frecuencia, por eso me enteré”. El boticario no pudo acceder a la receta electrónica que debía contener su tarjeta, ya anulada. En el centro de salud le dieron un número de teléfono para que aclarase su situación. “Me dijeron que el Sergas tenía una lista con la gente que se quedaba sin seguridad social, y que yo estaba en esa lista”. Los trabajadores del Sergas le indicaron también con qué opciones contaba para recuperar su derecho a la asistencia gratuita. Una de esas alternativas, la de incluirse en la tarjeta de un familiar, no le sirve porque vive sola y todos sus familiares están empadronados en otras ciudades, por eso se ha decantado por la tarjeta para personas sin recursos. La solicitó el 4 de octubre, pero todavía no ha recibido nada. El jueves intentó pedir cita para comprobar si su trámite estaba ya completo —según Farjas, todas las tarjetas bloqueadas se están activando “de oficio”. Pero su nombre sigue sin figurar.

Tampoco tiene su tarjeta activada Mercedes Amaral, la primera ciudadana en denunciar el fin sorpresivo de su derecho a la asistencia sanitaria el pasado viernes. Parada de larga duración y a tratamiento por una depresión, Amaral asegura que su nueva tarjeta PSR no llegará antes de seis u ocho meses. Por ahora, mientras el Sergas no la da de alta, paga sus medicinas. Tendrá que presentar, como el resto de los afectados, una justificación de ingresos que demuestre que su única vía para recobrar la asistencia sanitaria es la de solicitar tarjeta destinada a las personas sin recursos. El Sergas le exige, además, un certificado de empadronamiento. “¿Qué está pasando aquí? Desde hace unas semanas no deja de llegar gente por este asunto de la tarjeta”, le preguntó a principios de octubre una trabajadora del Ayuntamiento de A Coruña cuando E, la paciente de O Ventorrillo, le explicó que necesitaba un certificado de empadronamiento para recuperar su tarjeta.

“Hasta puedo entender que tenga que pagar las consultas, pero no que me quiten el médico”. Luis (nombre ficticio) se enteró hace 17 días de que su tarjeta estaba bloqueada. Hace tiempo que a este vecino de A Coruña le van mal los negocios, tanto que ya ni siquiera puede pagar la Seguridad Social. “Declaro mis impuestos, pero el negocio es un desastre”, se lamenta. El cruce de datos que le hizo hace dos semanas una trabajadora del Sergas cuando llamó para enterarse de su situación reveló el diagnóstico esperado. Su tarjeta sanitaria estaba desactivada. Ahora tramita su declaración como SPR y mientras paga sus medicinas. Nada es peor, asegura, que haber perdido el derecho a pedir una cita con el médico.

“Desde el momento en el que me dan de baja no recibí ningún tipo de notificación”, cuenta Marcos Otero, también residente en A Coruña, que teme que los próximos meses se conviertan en un ir y venir del centro de salud solo para presentar papeles “y sin cobertura”. A diferencia de los casos anteriores, Otero, que actualmente estudia para sacarse una oposición y es demandante de empleo, llevaba un tiempo con la mosca detrás de la oreja. Casi no va al médico, pero hace un mes pidió cita para una consulta porque tenía molestias en un pie. No se la pudieron dar porque no tenía un médico adjudicado desde agosto. “Pensé que era algo ajeno a mí, un error administrativo”, explica. Hasta la semana pasada no fue consciente de lo que le pasaba. “Solución no me han dado ninguna, más que pasarme a la tarjeta de algún familiar”. Tampoco en esta ocasión se cumple la promesa de Farjas de reactivar automáticamente las tarjetas bloqueadas, un acto del que la Conselleira culpa ahora al Gobierno central.