La juez del 'caso ERE' reclama a la Junta que detalle los cobros de 14 intrusos

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha exigido a la Junta que le informe de las cantidades abonadas a 14 de los 72 intrusos (personas prejubilados y ajenas a las empresas beneficiadas) para imponerles la fianza tras su imputación judicial. La fiscalía solicitó a la magistrada que decrete una fianza total de 2,85 millones para los 14 imputados, y ahora la juez en un auto del pasado viernes pide a la Junta y al Consorcio de Compensación de Seguros que detallen las pólizas y cobros percibidos por los intrusos, antes de fijar una cifra para cada uno.

“A la Junta que facilite el cálculo efectuado, tanto de la prima como de las prestaciones abonadas, de cada uno de los imputados”, señala el auto. La juez pide información a las aseguradoras Fortia y Personal Life sobre seis intrusos y sus “rentas ilícitamente percibidas”, así como al Banco Vitalicio sobre otros tres, y a la Junta sobre las pólizas adscritas a la aseguradora Apra, con sede en Bélgica. Al Consorcio de Compensación de Seguros le solicita asimismo que envíe toda la información disponible sobre el restaurante Río Grande, investigado por dos personas prejubilados de manera supuestamente irregular.

Alaya le pide al letrado de la Junta que le aporte el expediente referente a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) y a la empresa Refractarios Sevilla. Asimismo, le recuerda a la Junta que debe entregarle copia “íntegra y compulsada” de los expedientes ya solicitados en los autos del 16 de abril, 14 y 27 de septiembre.

Mientras, Alaya pide a la Junta que le remita un informe elaborado por Empleo y supuestamente enviado al viceconsejero de la Presidencia sobre un acuerdo de encomienda a la Agencia IDEA para programas sociolaborales y ayudas sociales excepcionales dependientes de los mismos en la primavera de 2010.