El ajuste más duro está por llegar

Los lemas electorales del partido que gobierne a partir de ahora se derretirán como el hielo al confrontarlos con los compromisos europeos. Tanto el PP como el PSOE prometen en sus programas acatar fielmente la senda de reducción del déficit. Pero las cifras son aterradoras. Si el objetivo global de este año (6% del PIB) se cumpliera —una ficción a la que ya ni el Gobierno se agarra—, el ajuste adicional para 2012 se acercaría a los 18.000 millones de euros. Una cantidad que deja pequeño el mayor recorte de la democracia, anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero aquel aciago 12 de mayo de 2010. Entonces el sacrificio exigido fue de 15.000 millones en dos años y supuso la congelación de las pensiones, el recorte de sueldos a los funcionarios y la desaparición de los 2.500 euros por hijo, entre otras medidas. Si la economía crece con la lentitud que prevén los analistas, los gobernantes venideros tienen muchas posibilidades de reconquistar ese podio: el de aplicar el mayor recorte en democracia.

La situación se agrava con la evidencia, cada vez mayor, de que las cifras de este año no se cumplirán. Eso engrosa el paquete de tareas pendientes para el ejercicio siguiente y aproxima los recortes a los 30.000 millones si el déficit se desvía, por ejemplo, al 7%. Lo más probable es que los incumplimientos recaigan en su mayor parte en las comunidades autónomas y, por tanto, sean estas Administraciones las que afronten esa herencia. En todo caso, los 18.000 millones de 2012 (equivalentes a la distancia que hay entre el déficit del 6% del PIB pretendido este año y el 4,4% comprometido para el año próximo) serían competencia exclusiva de la Administración Central.

¿Cómo acometer ese brutal ajuste sin recortar pensiones (más de un tercio del Presupuesto) y con casi otro tercio tasado (lo que suman el pago de intereses de la deuda, gran parte de las transferencias a comunidades y Ayuntamientos y el desempleo)? Todo ello con una economía estancada que no augura una mejora relevante en los ingresos salvo que haya cambios fiscales bruscos. La respuesta que dan a este enigma los analistas consultados es rotunda: las cifras de déficit no se cumplirán este año ni probablemente el que viene.

La lucha contra el fraude es eficaz pero no aporta resultados inmediatos

“Va a ser muy complicado. La propuesta de que Europa retrase un poco los objetivos tiene bastante lógica porque los escenarios macroeconómicos no son hoy los mismos que cuando se planteó ese horizonte”, asegura el catedrático Juan José Rubio, que dirigió el Instituto de Estudios Fiscales con el PP en el Gobierno. Incluso en octubre, cuando las perspectivas económicas no resultaban tan aciagas como ahora, la media de analistas consultados por Funcas, la fundación de cajas de ahorros, preveían un desfase de medio punto sobre el déficit de este año y también del que viene.

Los dos grandes partidos ofrecen en sus programas algunas pistas de cómo abordar esta ingente tarea. Pero probablemente haga falta mucho más de lo que está escrito para cumplirla. Mariano Rajoy, la persona con más posibilidades de ocupar el sillón de La Moncloa, según todas las encuestas, manifiesta en ese documento: “Cumpliremos la senda de consolidación fiscal que marcan nuestros compromisos con los socios europeos”. Para ello acometerá una “profunda reforma fiscal” que mejore el incentivo al trabajo, al ahorro y a la inversión (es decir, rebajas de impuestos) y una “revisión generalizada del gasto” que mantenga “los servicios públicos fundamentales”. Pese a todo, la llegada del momento electoral ha añadido realismo al discurso de Rajoy, hasta el punto de reconocer, en una entrevista a este diario, que, salvo las pensiones, todo lo demás es susceptible de recortarse.

Tanto el programa como las palabras de Rajoy sugieren que su herramienta para cuadrar las cuentas residirá en la reducción del gasto y que la mejora de ingresos vendrá casi exclusivamente por una reactivación económica que nadie vaticina. Y la fundamenta en un bien intangible: la mejora de la confianza.

Frente a esa postura, el programa socialista adopta la posición contraria. También este partido se dice “comprometido plenamente con el cumplimiento del plan de consolidación fiscal”. Pero ante el desplome de las arcas públicas, aboga por “una revisión del sistema fiscal” que preserve el Estado de bienestar. Una subida a las rentas del capital en el IRPF, una revisión del impuesto de sociedades para eliminar deducciones, impuestos a la banca, a las grandes fortunas y a la contaminación, así como una apuesta en la lucha contra el fraude, concretan ese propósito.

Ninguno de los dos grandes partidos aboga por la solución que proponen —o al menos ven como inevitable— los expertos consultados: una subida del IVA que nutra las arcas públicas a corto plazo. Tampoco aluden a un factor incierto que condicionará el margen de maniobra del próximo Gobierno: el coste de la deuda. Pese a la tormenta financiera, este año las cuentas han sido algo más moderadas de lo previsto, de forma que Economía ahorrará más de 3.000 millones de los asignados a esta partida, según aseguró el viernes la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado. Pero el horizonte no resulta alentador. “El encarecimiento de la deuda hace más difíciles los planes de consolidación”, constata Juan López Rodríguez, inspector de Finanzas del Estado —actualmente en la Comisión Europea— y experto en fiscalidad comunitaria.

Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE, abunda en esa tesis. “Cada punto porcentual más de intereses de deuda cuesta 2.000 millones de euros. Eso es directamente déficit: o se recortan gastos por esa cuantía o se elevan los ingresos”. El movimiento, al alza o a la baja, de esa partida en 2012 dependerá de la solidez económica, sí, pero más aún de elementos difíciles de ponderar: la confianza que sea capaz de inspirar España y, más ampliamente, la que irradie toda la zona euro.

Existe margen de maniobra en las transferencias a comunidades

Más que apelar exclusivamente al gasto o al ingreso, los expertos abogan por una combinación virtuosa de ambos elementos. “Las dos grandes fuentes de ajuste son el IVA y los sueldos de los funcionarios. También las prestaciones por desempleo, pero tal como está la situación no es fácil incidir ahí”, expone Antonio Villar, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). Este investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas cree que subir el IVA “es lo más rápido y seguro”, aunque también tiene claro que, si hay que hacer recortes importantes, “afectarán a algunas de las grandes partidas de gasto: sueldos públicos, sanidad y educación”. Al igual que Juan José Rubio, Villar cree que probablemente haya que renegociar el ritmo de ajuste con Europa, aunque en compañía de otros países que compartan las dificultades para cumplir las metas.

También Julio López Laborda, de la Universidad de Zaragoza, apunta a la subida del IVA, aunque advierte de que “empeora, todavía más, la capacidad redistributiva del sistema fiscal”. En segundo lugar, este experto en economía pública cita una mayor imposición al capital, pues “genera recursos adicionales y mejora la distribución de la renta”. Por último, cree “ineficaces” los incentivos en el impuesto de sociedades, por lo que sugiere revisarlos.

El experto que más dudas expresa con la subida del IVA es Juan López Rodríguez. “Es cierto que tenemos uno de los tipos más bajos de la Unión Europea (la mediana se sitúa en el 21%), pero tengo mis dudas de que sea el momento. Se acaba de subir y ha alterado las pautas de consumo y posiblemente propicia un mayor fraude”, argumenta. Más allá de esa figura, López Rodríguez es partidario de elevar determinados impuestos para ganar recursos —“bajarlos en estas circunstancias me parece suicida; el único resultado sería una menor recaudación”— y ofrece algunos ejemplos: “Lo que se ve en fiscalidad comparada es que todos los países en dificultades han acudido a gravar el pasivo de la banca [en España no se ha hecho]”. A eso López Rodríguez añade incidir en el patrimonio y explorar más la fiscalidad medioambiental. También alerta sobre el peligroso declive del impuesto de sociedades y anima a contenerlo.

En la carrera por el ingreso, una de las ideas más celebradas —por indolora y socialmente responsable— consiste en perseguir el fraude. Los dos grandes partidos la recogen en sus programas, con especial énfasis el socialista, que propone crear una oficina para combatir la elusión fiscal. Esta estrategia sirve a largo plazo, pero es ilusorio atribuirle resultados inmediatos. “La lucha contra el fraude hay que potenciarla, pero no aporta resultados de hoy para mañana. Y, desde luego, no dará decenas de miles de millones de inmediato”, aclara Francisco de la Torre, secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, que aglutina a la mayor parte del colectivo. No obstante, De la Torre insta a acometerla, con la idea de que hay que actuar a corto plazo para enderezar las cuentas pero también a largo plazo para consolidarlas.

Para otros analistas, son las reformas estructurales las que sacarán a España del callejón sin salida. Además de subir el IVA y recortar de donde se pueda, el profesor del IESE pide “una reforma profunda del mercado laboral” que baje los costes del despido y anime la contratación. Esa reforma debería incluir una rebaja de las cuotas mínimas a la Seguridad Social para que el empleo a tiempo parcial despuntase. A cambio, habría que incrementar las máximas, “que son ignominiosamente bajas”. Por último, Díaz-Giménez avisa de que hay que cerrar definitivamente la reforma financiera para que las cajas funcionen de forma eficiente.

Un último cartucho para cuadrar las cifras en 2012 puede venir de las asignaciones a las comunidades. Más allá del sistema de financiación autonómica, que les otorgará el año próximo más recursos —probablemente no los 8.000 que vaticinó Salgado porque dependen de los ingresos del Estado y las perspectivas son ahora más sombrías—, existen otras transferencias cuyo destino está en manos de los próximos gobernantes. Se trata de unos 9.000 millones de euros, de los que 7.000 corresponden a políticas activas de empleo, difíciles de recortar en un contexto de paro desbocado.

En lo inmediato, Juan José Rubio atisba un real decreto del nuevo Ejecutivo antes de que acabe el año para dejar inutilizadas ciertas partidas del Presupuesto de 2011, que en principio se prorroga automáticamente, y más adelante una elaboración completa de las cifras de 2012. Este experto en fiscalidad alerta de que los recortes “van a afectar a partidas básicas del gasto social” y, por tanto, pueden provocar turbulencias sociales. Junto a esa agitación, el golpe en seco al crecimiento económico que puedan asestar los ajustes constituye la principal incógnita. Y el principal riesgo.