El reto de saber pedir sacrificios

La crisis que padecemos en España es de tal magnitud que, con algunas variaciones, casi todos los partidos políticos y los analistas económicos coinciden en que, para superarla, es ineludible una reducción del déficit fiscal de las Administraciones Públicas.

Parece, pues, inevitable que el partido ganador de las elecciones del 20-N apruebe un paquete de medidas que incluyan subidas de algún impuesto y/o rebaja de gastos públicos que supongan sacrificios para todos aquellos que, finalmente, los deban soportar.

Pero imponer sacrificios puede hacerse de forma imperativa, con la legitimidad que proporciona una victoria electoral, o de una forma más razonada que facilite su comprensión y aceptación.

Saber pedir sacrificios no es una tarea fácil y exige toda una serie de actuaciones que podríamos resumir en tres.

En primer lugar, los nuevos gobernantes deberán acreditar que son diligentes en el manejo de los fondos públicos que administran. El ciudadano debe tener el convencimiento de que los gastos de inversión son acometidos siguiendo exigentes criterios de rentabilidad, evitando así la actual sensación de falta de rigor al contemplar autopistas vacías, aeropuertos inactivos, grandiosos museos que apenas tienen nada que enseñar, universidades con más profesores que alumnos, televisiones públicas que nadie ve…

Igualmente, en el apartado de los gastos sociales, que son los más sensibles para la ciudadanía, el nuevo Gobierno debe extremar al límite el análisis coste-beneficio, muy especialmente en el gasto sanitario, en el que la política de “barra libre” no puede seguir siendo la pauta general de actuación porque acabaría ahogando financieramente a las Comunidades Autónomas.

En segundo lugar, y al mismo tiempo que la sensación de buena administración legitima a los gobernantes a pedir sacrificios, también es crítico que los ciudadanos perciban que el reparto de la carga se hace de forma equitativa entre todos.

Será difícil concretar cuáles han de ser los colectivos afectados, pero algo parece claro: nuestra juventud no puede seguir soportando tasas de paro del 45%. No podemos pedirles más. Tenemos que centrarnos en ellos y anunciarles que los primeros que se beneficiarán de los futuros efectos positivos del ajuste serán ellos. Un Estado con la mitad de sus jóvenes en paro puede denominarse de cualquier forma salvo Estado de Bienestar.

Finalmente, y en tercer lugar, es importante transmitir a los ciudadanos la idea de que, si se cumplen esos sacrificios, la economía y el país saldrán adelante, volviendo a tasas de paro asumibles.

Si en 1999 España logró cumplir con los tres requisitos para su entrada en el euro, ¿por qué no vamos a poder superar este nuevo desafío si trabajamos juntos y con retos concretos?

Transmitir esta ilusión y esta nueva confianza debe ser uno de los ejes fundamentales de actuación del nuevo Gobierno, para lo que será necesario, además de liderazgo, una política de comunicación proactiva dirigida a explicar bien por qué los ajustes son necesarios y qué se persigue con ellos.

Por el bien de todos, le deseo al futuro Ejecutivo el máximo de aciertos.

Ignacio Garralda es el presidente de Mutua Madrileña