Un informe acabado un mes antes de lo previsto y una expropiación más barata

La juez de Lugo que instruía el caso Campeón por fraude en subvenciones públicas se encontró con que su principal sospechoso decidió hablar contra el ministro de Fomento y al oírle en su declaración voluntaria, tras lo que decretó su libertad, ordenó a la Brigada Móvil Terrestre de Vigilancia Aduanera que le remitieran transcripciones de conversaciones telefónicas que no se habían incorporado al sumario “por no considerarse de interés”. En esas transcripciones fundamenta ahora la juez el posible tráfico de influencias del ministro.

Son conversaciones telefónicas de José Antonio Orozco, amigo de José Blanco y máximo responsable de Azkar, una empresa de transportes y logística. Orozco se había asociado con Dorribo, el empresario imputado, para recoger medicamentos de las farmacias y distribuirlos en países del tercer mundo. En sus conversaciones hay pruebas, según la juez, de que el ministro le hacía favores en distintos negocios. Una de las conversaciones tiene que ver con un suelo industrial propiedad de Orozco junto al aeropuerto de Barcelona donde quiere levantar una nave industrial, para lo que ha pedido la correspondiente licencia al Ayuntamiento de Sant Boi.

Siete meses después de pedir la autorización, reclama ayuda a Blanco, quien ordena a su secretario de Estado que pregunte en el Ayuntamiento. Tras conocer que falta un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Orozco manda un sms a Blanco: “AESA nos dice que hasta abril o mayo no saca el informe de El Prat. Así es imposible...”. El 10 de marzo, el problema está resuelto, un mes antes de lo previsto en el supuesto más rápido. La otra conversación sospechosa tiene que ver con la expropiación por parte de AENA de unos terrenos y una nave a la empresa Grafoplas del noroeste. Un conocido pide a Orozco que medie con el ministro. Orozco responde: “Pepe me preguntó a qué tope podían llegar y yo le dije que a 6,5 (millones de euros) más impuestos”. El amigo contesta que “vale”. Pero AENA solo pagó 4.798.600 euros.