La justicia investigará la gestión urbanística de Valadez

Un juzgado de Estepona (Málaga) se encargará de investigar si el exalcalde de la localidad David Valadez (PSOE) cometió alguna irregularidad al paralizar un millar de expedientes urbanísticos en su época al frente de la concejalía de Urbanismo, desde junio de 2008 hasta mayo de este año.

El actual regidor, José María García Urbano (PP), denunció estos hechos ante el juzgado número 1 de Estepona, encargado del instruir el caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, pero el juez Jesús Torres ha decidido sacarlo del procedimiento y que se investigue si hubo algún hecho delictivo en un nuevo caso.

El edil David Valadez, en la oposición, cree que esta denuncia forma parte de la estrategia del PP para dañar su imagen. “No me sorprende nada su actitud porque es la misma que he venido padeciendo en los últimos tres años. Ya me han archivado ocho casos”, asegura. Valadez incide en que gestionó la complicada situación urbanística del municipio “siguiendo las directrices y con la colaboración absoluta” de la Junta de Andalucía. “Querían que me imputasen un delito en el caso Astapa, pero no lo han conseguido”, añade.

Valadez es, junto a la edil socialista Cristina Alarcón, denunciante del caso Astapa. Ese papel le ha granjeado numerosas enemistades políticas y empresariales, entre ellas, la de García Urbano. Al alcalde, notario de profesión, le molestó que le nombraran como conocedor de algunos de los negocios de los implicados. El 18 de junio de 2008, el día siguiente a las primeras detenciones del caso, fue citado como testigo. Entonces informó a los investigadores de que había comunicado varias operaciones sospechosas al Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado, algo a lo que está obligado. En esas transacciones participaron los exediles Francisco Zamorano (PSOE), Manuel Reina (PES) y el abogado Juan Simón, todos implicados en el caso.

El pasado 10 de octubre, García Urbano informó al juez del caso Astapa de la “grave situación de desorden e inactividad” que ha encontrado en Urbanismo. La denuncia del regidor venía acompañada de un informe del jefe de negociado de disciplina, Antonio Caravaca. El texto contabiliza unos 1.000 expedientes abiertos de la época de Valadez que no se han tramitado siguiendo los plazos legales. Caravaca considera muy probable que la mayoría de los expedientes no hayan prescrito y recomienda estudiar caso por caso, para ver si se pueden reiniciar y reparar el daño o imponer multas.