Los presupuestos de la Xunta comprometen gastos hasta 2039

Sume 27 años a su edad. Cuando los cumpla, la Xunta de Galicia todavía deberá pagar 3,4 millones del último plazo de la A52 entre la frontera portuguesa y Celanova. Es la cara B de la colaboración público-privada, la fórmula estrella del programa electoral del Partido Popular, que el bipartito PSdeG-BNG utilizó para financiar carreteras con los llamados peajes en sombra. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo profundizó en estas operaciones para sufragar infraestructuras sanitarias, emulando a lo que hizo Esperanza Aguirre en Madrid o Francisco Camps en Valencia.

Por primera vez, los acuerdos aparecen reflejados con sus correspondientes cuadros de amortización en el proyecto de Presupuestos que tramita el parlamento gallego. La AG-56 entre Santiago-Brión-As Galanas, la Vía Rápida del Salnés, la del Barbanza, el tramo de la A52 citado y la autovía de la Costa da Morte costarán, junto con el hospital de Vigo, más de 3.000 millones de euros en aportaciones que no se empezarán a cancelar hasta que corra el año 2033. “Los gobiernos van a tener cada vez más difícil vender este tipo de proyectos cuando se están cancelando servicios básicos como la asistencia a domicilio. En el Hospital de Vigo nos han reconocido que la inversión alcanza los 1.794 millones para una infraestructura que iba a costar 400”, reflexiona Manuel Martín, portavoz de la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública. En el proyecto de presupuestos 2012, sumados el canon y las inversiones, la infraestructura para el área sanitaria de Vigo suma 1.328 millones, que empezarán a pagarse en 2014. Las obras ya han comenzado aunque Concessia, empresa que forma parte de la UTE ganadora y que se encargaba de la financiación, se negó ayer a decir a este periódico si ha cerrado o no la operación “por la polémica que se ha levantado”, la ausencia de un acuerdo con la banca. La empresa está formada por varias cajas de ahorros, entre ellas la CAM, intervenida por el Banco de España, y otras que han necesitado recursos públicos para alcanzar los niveles mínimos de solvencia.

“Hay que valorar como un acto de transparencia importante que por primera vez se detalle esta información en las cuentas”, analiza el catedrático de Economía Aplicada, Santiago Lago. “A partir de ahí, debemos reflexionar si tienen sentido ciertas inversiones y si no habría sido mejor optar por la financiación tradicional”. La legislación allana el camino para que cualquier gobierno use —y abuse— de las llamadas CPP (colaboraciones con empresas privadas para hacer obras públicas) que ayudan al político de turno a cortar la cinta roja de un centro de salud o una autovía sin haber pagado el primer euro. Es el caso de la infraestructura sanitaria de Vigo, cuyo pago se realizará desde el 2014, tras las próximas elecciones autonómicas.

“Deja a las generaciones futuras una hipoteca espantosa y plantea muchos problemas, porque ahora mismo las empresas tampoco tienen acceso a los recursos para invertir. En el caso de Concessia es más sangrante, porque por una parte el Gobierno está ayudando a las cajas que indirectamente participan en la UTE y que van a cobrar un sobreprecio por conseguir la financiación. Es una estafa, como mínimo, moral. Un dispendio inaceptable”, ataca Manuel Martín.

La deuda reconocida por Galicia suma 6.923 millones de euros según los registros del Banco de España. Es el 12,4% del Producto Interior Bruto. Si sumamos los compromisos adquiridos por el Gobierno gallego hasta el año 2039, esa misma cifra se dispararía hasta los 10.000 millones, el 17,7% del PIB. Pero el pago diferido no computa en los presupuestos dentro del déficit, sino en el capítulo de las inversión. Una vía legal que, como recordó el diputado del BNG, Carlos Aymerich, en el Parlamento, “materialmente es deuda”.

El debate lleva tiempo instalado en el seno de la Unión Europea. “Las autoridades públicas, debido a las dificultades presupuestarias a las que se enfrentan, recurren cada vez más a ellas, y de esta forma se benefician de los conocimientos técnicos del sector privado”, señala el libro verde que analiza la CCP. Ese documento defiende que “implica un ahorro, en la medida en que integra todas las fases de un proyecto”.

Pero grupos sociales dudan seriamente de sus ventajas y hacen números: dentro de 20 años la Xunta tendrá que pagar 157 millones por cánones. El 45% del presupuesto en infraestructuras del próximo ejercicio.