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La falta de recursos, punto débil del poder judicial frente a la corrupción

Transparencia Internacional reclama mejoras procesales que hagan más eficaz la persecución de corruptelas

María Fabra
Antonio Garrigues Walker (i) y Jesús Lizcano Álvarez forman parte de Transparencia Internacional.
Antonio Garrigues Walker (i) y Jesús Lizcano Álvarez forman parte de Transparencia Internacional.EFE

El poder judicial tiene como punto fuerte la independencia, aun cuando el órgano de control de los jueces está politizado y los miembros de los Tribunales Superiores se nombran con una relativa influencia política. Pero sus puntos débiles, aquellos que pueden llegar a quebrar su independencia, son, sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, “así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica”.

Así lo concluye la ONG Transparencia Internacional, tras el análisis del Sistema Nacional de Integridad (SIN), un extenso diagnóstico surgido del estudio en profundidad de trece instituciones fundamentales del sistema político, socioeconómico y judicial español.

El documento indica que “los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas”.

El proyecto, financiado por la Comisión Europea, parte de la hipótesis de que cuando las instituciones analizadas funcionan adecuadamente el Sistema Nacional de Integridad es saludable y sólido y, por lo tanto, efectivo para combatir la corrupción. Los resultados provisionales de este diagnóstico han sido presentados esta mañana por el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Antonio Garrigues Walker y el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria.

El informe insta a actualizar la normativa de conflictos de interés de jueces, magistrados y fiscales

A pesar de que el informe realiza un repaso por varias instituciones, las recomendaciones de esta ONG hacen especial hincapié en el poder judicial y califica de “conveniente” despolitizar los órganos superiores del poder judicial y establecer “una carrera judicial con criterios claramente meritocráticos y objetivos podría ser una solución para el acceso a los puestos en los tribunales superiores”. También considera conveniente actualizar la normativa de conflictos de interés de jueces, magistrados y fiscales, “regulando, entre otros aspectos, los controles a la excedencia y a los empleos aceptables tras ella” y tilda de “necesarias” mejoras procesales que hagan más eficaz la persecución de la corrupción. Sobre este punto plantea la posibilidad de que encomendar a los fiscales la investigación “haría más viable el sistema”. “En todo caso, una reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal parece imprescindible”, afirma.

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Una ley de responsabilidad judicial que incorpore la comparecencia del presidente del CGPJ ante las Cámaras anualmente o el desarrollo de las estadísticas judiciales y la regularización eficaz de las responsabilidades por errores y dilaciones indebidas, es otra de las recomendaciones sobre el poder judicial.

Transparencia Internacional aboga por un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción

En cualquier caso, entre sus concluciones prioritarias, Transparencia Internacional ha situado la de promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, "que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno, y coordine las actuaciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de seguimiento de su cumplimiento efectivo".

Respecto a otros poderes, los resultados del análisis del Sistema Nacional de Integridad indican que “la rendición de cuentas es el principal problema del poder legislativo español, dado el sistema de listas cerradas y bloqueadas que favorece la lealtad al partido antes que al distrito electoral”. Aún así, sostiene, hay una parte positiva que es que “el mecanismo de control interno existente, a través de la disciplina de los grupos parlamentarios, dificulta la corrupción”.

En cuanto al poder ejecutivo, el estudio destaca que “tiene un problema importante de transparencia, esencialmente por la inexistencia de una Ley de Acceso a la Información y por la cultura de opacidad tradicionalmente existente”.

La independencia es el punto fuerte del sector público, según el estudio, que hace referencia a un modelo de burocracia que favorece una “aplicación imparcial de las normas y una implementación no excesivamente sometida al clientelismo y el patronazgo”, pese a que en ocasiones se abusa de la opción que permite la ley de echar mano de “contratos de adjudicación directa o los reformados”. Entre los puntos débiles resaltan la opacidad y la debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas. “La ineficiencia, ineficacia, despilfarro y corruptelas no están suficientemente controladas, ni sancionadas”, sostiene, mientras califica de “destacable” la ausencia de preocupación por la educación de la ciudadanía frente al problema de la corrupción.

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