La policía destapa el pago de comisiones de Correa a AENA en la etapa de Cascos

La trama Gürtel llegó hasta el Gobierno. Fue entre 2000 y 2002, cuando Francisco Álvarez Cascos, hoy presidente de Asturias, era responsable de Fomento. Entonces, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adjudicó a las empresas de la red contratos por un valor de 2,4 millones de euros. Según la documentación intervenida en los registros de las sociedades del líder de la trama, Francisco Correa, dos trabajadores de este organismo público percibieron comisiones, en forma de viajes, en efectivo y a través del pago de obras particulares por un valor de más de 85.000 euros.

La policía ha destapado el pago de estas comisiones en un informe realizado a partir de la documentación incautada. Sin embargo, fue el propio Correa quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y su trabajo para Aena. “Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur [Feria Internacional de Turismo] y se hacían un montón de eventos”, dijo Correa ante el juez. Desde entonces, no se había realizado ninguna pesquisa sobre la relación de la trama con este organismo del Gobierno central.

El informe elaborado por la policía sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas por las que se rigió la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de Aena en la feria de Fitur de 2001 y 2002.

La trama Gürtel intentó ocultar las evidencias en una caja fuerte

El documento entregado por la policía al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, indica que las comisiones a trabajadores de una empresa pública con capacidad para participar en la concesión de contratos y para autorizar el pago de las distintas facturas les “genera a estos un provecho directo y responderían a contraprestaciones, por el favorecimiento de los mismos a las empresas”. Y marca la ilegalidad de su actuación en la “elaboración de pliegos, donde se establece un seso que permite ya sea establecer más baremo a las cuestiones subjetivas (…) ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica de las mismas ad hoc de la oferta de la empresa patrocinada”

Además, el informe destaca el intento de la trama por ocultar las facturas y evidencias sobre dichos pagos y sostiene que la organización “consciente de que los documentos reflejan el pago de las obras de carácter particular son al menos comprometedores” dio instrucciones a su contable, José Luis Izquierdo, “para que los mismo se guardaran en una carpeta dentro de una caja fuerte”.