Relativismo autonómico

“España es una nación plural y diversa, de ciudadanos libres e iguales, con los mismos derechos en todo el territorio”. Ese es el principio básico que Mariano Rajoy enuncia sobre política territorial en su libro En confianza. Pero sobre esa base, la política territorial del PP de Rajoy ha seguido un camino sinuoso, adaptado a las circunstancias y, sobre todo, a las mayorías parlamentarias.

Así, el 11 de junio de 1996 formuló como ministro de Administraciones Públicas en la Comisión correspondiente del Congreso sus principios: utilizar el artículo 150.2 de la Constitución que permite transferir competencias a las comunidades todas las veces que sean necesarias “en todos aquellos temas que supongan un cumplimiento de los acuerdos a los cuales hemos llegado con nuestros coaligados”. Se refería a los pactos alcanzados con CiU y PNV en la primera legislatura de José María Aznar, obligados por una precaria mayoría parlamentaria. Su oponente en ese debate era José Luis Rodríguez Zapatero, entonces portavoz de Administraciones Públicas del PSOE en la oposición y Rajoy hacía un canto a la descentralización.

En esa época, como ministro responsable de esos asuntos, Rajoy firmó multitud de acuerdos de transferencias de competencias al País Vasco y Cataluña y el pacto en el Congreso con ambos partidos nacionalistas permitió que Aznar agotara la legislatura. Eran los años en los que Aznar hablaba catalán en la intimidad y Xabier Arzalluz (presidente entonces del PNV) comparecía ante la prensa en la sede del PP.

Su siguiente etapa política fue la de la segunda legislatura de Aznar, la de la mayoría absoluta, en la que Rajoy fue vicepresidente y ministro del Interior. En esa etapa y sin necesidad de acuerdos parlamentarios, las relaciones con los partidos nacionalistas pasaron del pacto a la confrontación. Por el plan Ibarretxe, por intentos de aprobar leyes como la de Cooperación rechazadas por los nacionalistas y por medidas adoptadas en sentido contrario a la centrifugación del Estado de la legislatura anterior. De esa gestión vino, por ejemplo, el ascenso electoral sin precedentes de opciones independentistas como ERC en Cataluña. En esa legislatura aumentó notablemente la conflictividad entre el Estado y las comunidades y, por ejemplo, en 2003 hubo 68 recursos del Gobierno del PP contra normas de las comunidades, frente a solo nueve del año 1999, cuando no tenía mayoría absoluta y mantenía el pacto con los nacionalistas. Por supuesto, el PP en esas legislaturas ni se planteó reformas de la Constitución.

Tras la derrota de 2004, Rajoy transitó en su primera legislatura en la oposición sintiéndose cómodo completamente solo en el Congreso, muy alejado de los nacionalistas. Se opuso a las cuatro reformas limitadas de la Constitución que proponía Zapatero (nombres de las comunidades, mención a Europa, cambio del Senado y sucesión de la Corona) y centró su acción política en combatir la reforma de los estatutos, especialmente, del de Cataluña.

En esa etapa, Rajoy se agarró a la bandera del “España se rompe” e inició una campaña de recogida de firmas, que fue tachada de “catalanofobia” por los nacionalistas. Esa posición de Rajoy se plasmó en un recurso ante el Tribunal Constitucional contra casi todo el texto aprobado en referéndum en Cataluña. Al tiempo, permitió que Javier Arenas cerrara un acuerdo en Andalucía para aprobar un Estatuto con un centenar de preceptos idénticos a los recurridos en el de Cataluña.

Tras la segunda derrota en 2008, Rajoy inició una nueva etapa, destejiendo parte de lo tejido antes. Así, se volcó en Cataluña para recuperar el terreno perdido por su campaña contra el Estatuto y hasta acaba la legislatura tras haber permitido que gobierne CiU en esa comunidad, a la que más tiempo y viajes ha dedicado. Sus cambios de humor autonómico se reflejan en las sucesivas sustituciones de líderes en Cataluña: desde el radical Alejo Vidal Quadras, a la moderada Alicia Sánchez Camacho, pasando por el catalanista Josep Piqué, entre otros,

Ahora, Rajoy tendrá el mayor poder territorial que haya tenido nunca ningún partido en España. Sus propuestas, sin previsión de pactos con los nacionalistas pero con relaciones restablecidas con CiU y PNV, se basan en considerar que se ha cerrado el reparto de competencias, que es preciso hacer un catálogo de servicios públicos básicos y una ley de unidad de mercado.

En diciembre de 2008 habló de 14 retoques de la Constitución en ese sentido, pero ahora no ha vuelto a repetir esa idea. Se trataba entonces de establecer una lista de competencias estatales “exclusivas e intransferibles”, de asegurar la unidad del Estado y dejar clara la preponderancia de las leyes estatales en lo que consideran áreas de política nacional.