Quitar un curso a la ESO para hacer un bachillerato de tres años

Si con la Formación Profesional y la Universidad cuesta más encontrar distancias profundas entre el programa electoral del PSOE y del PP, la educación obligatoria y el bachillerato son claramente los campos en los que se alejan. Mariano Rajoy promete rescatar los itinerarios de la LOCE (la ley que aprobó el PP pero nunca llegó a entrar en vigor), eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya creación generó una larga polémica, sustituyéndola por una enseñanza ética basada “en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas” y fomentar la enseñanza privada concertada en nombre de la libertad de elección de centro: algo que para distintos sectores de izquierdas es un eufemismo que significa separación por clase social y desigualdad. En todo caso, el programa insiste varias veces en defender también una educación pública de calidad, lo que incluye refuerzos y apoyos especiales para los alumnos desfavorecidos y los centros educativos donde estos se concentren.

Lo que parece claro es que con todas esas medidas enunciadas hasta aquí, más la creación de un bachillerato de tres años (ahora son dos), si no es una nueva ley de educación, lo menos que requeriría es una importante reforma de la actual norma, aprobada en 2006 (LOE).

El programa electoral popular insiste varias veces en garantizar a los padres la libertad de elección de centro educativo para sus hijos. “Reforzaremos la libertad de elección de las familias promoviendo una educación pública de calidad, y una oferta formativa de iniciativa social que responda a las demandas plurales de las familias”. ¿Qué significa eso exactamente lo de la iniciativa social?

Se trata de apoyar la creación de centros concertados (privados subvencionados) con el fin de que las familias tengan un amplio abanico de colegios distintos entre los que elegir, dentro de “una oferta educativa plural de iniciativa social que permita responder a las preferencias de ideario o de modelo pedagógico de las familias”, dice el programa del PP. “La elección del tipo de educación y de centro docente donde educar a los hijos es un derecho cada vez más apreciado por millones de familias españolas. Es una demanda creciente que es preciso satisfacer. Además, está demostrado que la libertad es un factor de calidad. Las familias se involucran más en el centro educativo de su elección. Entendemos, además, que los padres han de poder elegir tanto en los centros de titularidad pública como en los promovidos por la iniciativa social”, decía el documento que el PP presentó en enero de 2010 para empezar a negociar el finalmente frustrado intento de pacto de Estado por la Educación.

De hecho, uno de los principales escollos que el PP esgrimió para no firmar finalmente aquel pacto fue el de la libertad de elección de centros, que en aquel papel se traducía, principalmente, en blindar por ley los conciertos educativos, es decir, que cualquier colegio privado, si tiene demanda, deberá ser subvencionado. Un punto que, a pesar de su importancia entonces, no está recogido ahora en el programa electoral. Sí están en el programa, sin embargo, las otras principales exigencias que el PP mantuvo durante la negociación del pacto: el bachillerato de tres años, los exámenes nacionales de diagnóstico con resultados públicos, la consideración de autoridad pública para los profesores, garantizar la enseñanza en castellano en las comunidades bilingües, o sustituir la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

La de blindar por ley la concesión de nuevos concierto educativos sería, sin duda, una propuesta muy espinosa precisamente en este momento, pues el miedo a un aumento de la enseñanza privada en detrimento de la pública es lo que está en el fondo de las protestas de los profesores y padres que en los últimos meses se han levantado contra los recortes de miles de docentes interinos en Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra. De hecho, la de fomentar los conciertos si hay demanda es la política que se ha seguido en la Comunidad de Madrid desde hace años, de tal manera que en la ESO, el porcentaje de alumnos que van a los institutos públicas ha bajado desde 2000 del 55,4% al 51,4%, el segundo porcentaje más bajo de España, solo por detrás del País Vasco.

Los argumentos contra esa política de libertad de elección son variados. He aquí uno: “Los hijos de los ricos sí eligen, y los pobres y los inmigrantes, que son los mismos, eligen lo que les queda. El problema es que ha calado un mensaje que han lanzado todos los Gobiernos, no solo el PP, que viene a decir que si quieres ver a tu niño estudiar bien, en un sitio serio y que no esté con inmigrantes ni gitanos, lo tienes que llevar a la concertada religiosa", explicaba en 2008 el director de un instituto madrileño.

Lo cierto es que, en realidad, la inmensa mayoría de los colegios privados en España son católicos, así que el amplio abanico de posibilidades que se abre en la concertada se reduce normalmente a una sola: el modelo tradicional y religioso. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones esos colegios tienen un alumnado muy seleccionado gracias a las cuotas voluntarias que cobran.

Tampoco menciona el programa electoral de los populares la revisión de los criterios de admisión de alumnos, propuesta que también recogía aquel documento popular para el pacto. Sí lo llevaba Esperanza Aguirre en el programa con el que ganó hace unos meses las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Se trata de acabar con la zonificación en la elección de centro escolar: los padres podrán enviar a sus hijos a cualquier colegio de la región, con independencia de su lugar habitual de residencia. De momento, el Gobierno madrileño no ha avanzado en la puesta en marcha de esta iniciativa.

En torno a la polémica de las lenguas en las comunidades con idioma cooficial, el programa del PP para las generales ofrece propuestas un poco contradictorias, pues en un punto dice: “Libertad de elección es también libertad de elegir la lengua vehicular, ya sea el castellano o cualquiera de las lenguas cooficiales”; pero dentro de las propuestas concretas apuesta por impulsar el trililingüismo, es decir, el horario repartido entre español, la lengua cooficial y el inglés. Un proyecto que ya han adelantado País Vasco y Galicia, y que en esta última comunidad, gobernada por el PP, no termina de dejar contentos ni a los defensores a ultranza de la enseñanza en gallego ni a los que reclaman poder elegir castellano como lengua vehicular.

En todo caso, parece harto complicado que desde el Gobierno central se pueda llegar a obligar a alguna comunidad a decantarse por un modelo u otro. Más bien, por donde está colocada la primera afirmación (junto a la libertad de elección, es decir, la creación de concertada), parece que de lo que se habla es de que haya centros privados concertados que ofrezcan enseñanza con el castellano como única lengua vehicular.

El PP también quiere hacer un bachillerato de tres años. La idea es hacerlo adelantando un año el final de la ESO para dárselo al bachiller, pues postergar hasta los 19 la llegada a la Universidad parece todavía más conflictivo. "Reformaremos la formación profesional permitiendo la posibilidad de acceso a partir de los 15 años y manteniendo el carácter obligatorio y gratuito de las enseñanzas hasta los 16 años", dice otro punto del programa popular. El primer curso del nuevo bachillerato sería una especie de curso de orientación, dice el programa. Así, en el último curso de la etapa obligatoria, los alumnos (los que no hayan repetido) ya estarían en el 1º de bachillerato o en 1º de FP.

Mucha gente está de acuerdo en que un bachillerato de dos años se queda corto, al menos, para muchos alumnos que lo abandonan antes de terminar. La propuesta del PSOE, sin embargo, es hacerlo flexible, es decir, que los alumnos puedan dividirse el ciclo en dos o tres años, según prefieran. Ese bachillerato flexible lo aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez en los desarrollos de la ley educativa de 2006, pero los tribunales lo vetaron porque la norma no contemplaba esa posibilidad.

Otro punto polémico de las propuestas del PP es la creación de una prueba nacional de los conocimientos de los alumnos; los resultados serán hechos públicos por centros para estimular la calidad educativa en todas las comunidades autónomas. Madrid ya lo hace, y ha sido muy criticado, por el propio diseño de la prueba, que no tiene en cuenta el sesgo de socioeconómico de alumnos y centros, y por dudar de sus bondades para fomentar la calidad; al contrario, creen algunas voces, lo que hacen es hundir a los centros que tienen situaciones más difíciles.

En cuanto a otra pieza clave para la mejora del sistema educativo, el profesor, los dos grandes partidos parecen estar muy cerca, con la propuesta de renovar el sistema de selección de profesorado. La propuesta del PP no menciona expresamente en el prestigioso modelo del MIR (Médico Interno Residente), pero podría ir en esa dirección. Tras la carrera, el MIR consiste en cuatro o cinco años de especialización tras un examen nacional que te acredita como médico especialista. Con ese membrete, se accede a una plaza pública por concurso de méritos. Habrá que ver qué posición toman los sindicatos ante esta idea.