El riesgo del déficit
La solvencia de la deuda española sufrirá, si no se controla la desviación de las cuentas públicas
El principal objetivo de política económica para 2011 quizá no pueda cumplirse. El compromiso del Gobierno español (de este y del próximo que se constituya) con las autoridades europeas era reducir el déficit público hasta el 6% del PIB, uno de los hitos para conseguir estabilizar el sector público en el 3%. Pero la evolución de los gastos y los ingresos públicos hasta el mes de septiembre sugieren que existe una desviación significativa en el cumplimiento del objetivo de déficit. Esta desviación no es imputable solo a la caída de los ingresos. Es evidente que las comunidades autónomas no van a cumplir el objetivo de limitar sus respectivos déficits al 1,3% (las estimaciones más pesimistas indican que en conjunto podría llegar al 2,3%) y también que el escaso margen de superávit esperado para la Seguridad Social (0,4%) no se alcanzará.
Por tanto, lo más probable es que el déficit público este año se desvíe de forma significativa. La cuestión es saber de qué cuantía será ese exceso. Los cálculos pesimistas supone que estará entre un punto y un punto y medio. Lo que importa es si el Gobierno (el actual y el que salga de las elecciones) dispone de margen para reducir esa brecha. Porque una desviación de medio punto del PIB sería aceptada como inevitable —y en consecuencia, no penalizable— por los inversores. Pero una desviación significativamente superior resucitará las dudas sobre la capacidad de la economía española para cumplir con el compromiso de estabilidad. Por esa razón es crucial que el Gobierno actual transmita el mensaje claro y terminante de que el Estado dispone de recursos públicos para evitar una desviación que eleve el diferencial de la deuda española. Esos recursos pueden ser la captación de ingresos extraordinarios o ajustes adicionales del gasto.
La dificultad transitoria de ajuste del déficit tropieza además con las consecuencias de un cambio probable de partido gobernante. La (mala) costumbre da por bueno que el nuevo Gobierno imputa lo debido y lo indebido del gasto al periodo del equipo de Gobierno saliente, de forma que sus cuentas (y su déficit) futuras luzcan mejor. Pero los tiempos han cambiado. Al próximo Gobierno no le conviene excederse en los trucos contables, ni agotar la paciencia de ciudadanos y mercados con la cantilena de la herencia recibida, porque la pérdida de credibilidad que se derive de ellos no se disolverá fácilmente.
El déficit final de 2011 se conocerá a finales de febrero o comienzos de marzo. Pero antes irán conociéndose varios indicios directos sobre su cuantía que moverán las decisiones de los inversores. El déficit tiene que manejarse políticamente con extremo cuidado; porque la recuperación de la economía, que no es posible sin crédito privado y sin el impulso de políticas de estímulo de la demanda, tendrá además dificultades añadidas si la prima de riesgo se mantiene muy por encima de los 200 puntos básicos.
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