Un programa en el armario

En el PP caben los más duros conservadores y ultracatólicos, los democristianos más moderados y los centristas laicos. El empeño de José María Aznar en 1989 por hacer un partido con posibilidades de gobernar en España tiene la gran ventaja para el propio PP de que en las urnas no compite contra otras opciones en el espectro de la derecha y el centro-derecha, más allá de las nacionalistas o regionalistas. Tiene la consecuencia también de que tapona la existencia de un partido ultraderechista como los que han florecido en otros países europeos.

Pero al PP le provoca la incomodidad de no poder mantener posiciones claras sobre asuntos que tienen que ver con convicciones religiosas y somete a sus dirigentes a tensiones de los sectores que lo componen. Los casos más claros son las propuestas sobre aborto y matrimonio homosexual, sobre las que Mariano Rajoy no termina de definir su posición. En ambas leyes el PP votó en contra y, por supuesto, hubiera preferido que no se aprobaran en sus términos actuales, pero ahora Rajoy se niega a decir claramente que las derogará si gana las elecciones. Desde el punto de vista estratégico, Rajoy intenta alejarse del estereotipo ultraconservador que anula avances sociales, porque eso podría ser aprovechado por el PSOE para movilizar a electores de izquierdas.

El argumento del líder del PP es que en 2004 su partido se presentó con un programa que incluía una propuesta de ley para regular las uniones de hecho, diferenciando esa situación de la de los matrimonios heterosexuales. Cuando se debatió en el Congreso la ley de bodas gais, el PP votó en contra con el argumento de que no podía llamarse matrimonio la unión de personas del mismo sexo. Recurrió al Constitucional invocando el artículo 32, que dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

Dirigentes del PP participaron en manifestaciones contra la ley, mientras que otros del mismo partido colaboraron en su aplicación, por ejemplo, oficiando en los ayuntamientos bodas entre personas del mismo sexo. Ahora, Rajoy se ha escudado reiteradamente en la futura sentencia del Constitucional para no desvelar si su programa propondrá derogar la norma en el caso de que sea avalada por el tribunal. Fuentes del PP explican que, en el caso de que no sea anulada la norma, es probable que no se derogue porque, desde el punto de vista práctico, se produciría un embrollo legal notable con las bodas ya realizadas. Además, desde su aprobación en España se han ido impulsando en otros países normas similares, hasta el punto de convertirse en algo aceptado.

En el caso del aborto, las posiciones en el PP son aún más complicadas: los que creen que hay que volver a la situación previa a la ley actual, es decir, la norma que Felipe González aprobó en 1985; los más confesionales que defienden que hay que anular cualquier posibilidad de aborto legal, y la minoría que prefiere dejarla tal cual. También en este caso, el PP presentó un recurso ante el Constitucional que está pendiente de resolución y es obvio que una sentencia que anulara toda o parte de la ley facilitaría que Rajoy acometiera la reforma del texto. Hay precedentes: Aznar, en sus dos legislaturas, una de ellas con mayoría absoluta, no intentó ni siquiera cambiar la ley del aborto y, mucho menos derogarla como hubieran querido los sectores más confesionales.

También llevó el PP al Constitucional la Ley de Igualdad, aunque en este caso su rechazo a la norma quedó en la abstención en la votación del Congreso. La tesis de Rajoy ha sido siempre que no es preciso establecer un sistema de cuotas para acabar con la discriminación de la mujer, pero el Constitucional rechazó su recurso y confirmó la norma en 2008.

Ahora el PP no ha aclarado si derogará esta ley. Por ejemplo, en lo que se refiere al establecimiento de un sistema de cuotas en las listas. Los populares argumentan que, sin cuotas, han logrado que haya más mujeres en las presidencias de las comunidades, superando el número de candidatas del PSOE. El PP tiene tres mujeres al frente de comunidades: Esperanza Aguirre (Madrid), Luis Fernanda Rudi (Aragón) y Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha).