El Estado se queda con el Guadalquivir

Uno de los símbolos estatutarios de Andalucía se cayó ayer. El Estado recuperó todas las competencias —y los medios humanos y materiales para ejercerlas— sobre el Guadalquivir. La reversión es la única salida que el Gobierno y la Junta han encontrado a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo del Estatuto que permitió a Andalucía asumir en 2009 las competencias sobre las aguas de la cuenca que discurren por esta comunidad.

La caída de este símbolo, introducido en la reforma del Estatuto andaluz de 2007, ha sido a cámara lenta. Ha durado seis meses y 15 días: lo que han tardado las dos Administraciones en concluir que la única salida que hay (de momento) es que las competencias vuelvan al Estado.

Detrás de este problema está el modelo de gestión de los ríos que fluyen por más de una comunidad. El 90,2% de la cuenca del Guadalquivir está en Andalucía. El conflicto surge con el 9,8% restante, que se extiende por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Para este tipo de ríos la Constitución establece en el artículo 149 que el Estado tiene "competencia exclusiva sobre (..) la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos".

A la supuesta ruptura de la unidad de cuenca fue a lo que apeló Extremadura cuando recurrió el Estatuto andaluz. Y el Constitucional le dio la razón en marzo. Esa sentencia dejó en el aire los más de dos años que llevaba Andalucía gestionando las competencias sobre el 90,2% de la cuenca, que le fueron transferidas en enero de 2009. Tras el fallo, Gobierno y Junta aprobaron una encomienda de gestión transitoria. Las competencias sobre el río volvieron al Estado, pero Andalucía siguió gestionándolas como antes de la sentencia.

Las dos Administraciones se dieron seis meses para encontrar una solución estable que cumpliera con las aspiraciones del Gobierno del socialista José Antonio Griñán y, a la vez, con el fallo del Constitucional. Esos seis meses se cumplieron hace 15 días sin que se encontrara una solución viable y legal. La Junta y el Gobierno se dieron otras dos semanas. Ayer caducó la prórroga. No hubo acuerdo y el Consejo de Ministros aprobó un real decreto de reversión, que implica la vuelta al Estado, entre otros asuntos, de los 849 puestos de trabajo y 53 embalses que fueron transferidos a Andalucía en 2009. Curiosamente, uno de los ministros que ha tenido que proponer formalmente la reversión ha sido Manuel Chaves, quien, cuando era el presidente andaluz, luchó para que el Estado cediera el río a la Junta.

Este final no era ni mucho menos el previsto hace solo un mes. La Junta y el Ministerio de Medio Ambiente acordaron otra salida bien distinta el 16 de septiembre. A través de una reforma que se hizo a toda prisa de la Ley de Aguas estatal, el ministerio traspasaría las competencias de policía hidráulica a la Junta. Además, con otra encomienda de gestión asociada, el Gobierno también cedería la gestión y explotación de alrededor de 18 embalses, la tramitación de autorizaciones y la recaudación del canon de vertidos y de utilización de bienes de dominio público. A finales de septiembre el acuerdo estaba prácticamente cerrado e, incluso, se sabía que Andalucía se quedaría con alrededor del 55% de los 849 puestos de trabajo asociados a la gestión de la cuenca.

Pero el problema, según reconoció ayer la consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno, surgió en el último momento con los servicios jurídicos del Gobierno. La Abogacía del Estado no ha encontrado un respaldo legal para traspasar los medios humanos y materiales a través de la encomienda.

Ante esta situación, el Gobierno propuso que la Junta asumiera la policía hidráulica —con respaldo legal gracias a la reforma de la Ley de Aguas— y ejerciera el resto de labores con una encomienda de cinco años de vigencia. La Junta ha rechazado esta propuesta. Moreno reconoció que, al no encontrar las dos Administraciones una “solución perfectamente legal y jurídicamente pacífica”, han preferido la devolución total. Las otras tres comunidades implicadas en este asunto ya habían manifestado que, si el Gobierno y la Junta cerraban un acuerdo que consideraran perjudicial, estarían dispuestas a recurrirlo en los tribunales. Y el último precedente del Constitucional no era positivo para los intereses de la Junta.

La inseguridad jurídica ha sido una constante desde que el Constitucional tumbó en marzo el Estatuto. Después, el Supremo anuló, hasta en tres ocasiones, el decreto por el que se materializó el traspaso de las competencias en 2009. Además, los tribunales de lo contencioso-administrativo han puesto en duda, a través de varias sentencias, las sanciones que la Junta ha impuesto en los dos últimos años por daños al dominio público hidráulico en el Guadalquivir.

Pese a la reversión de ayer, Andalucía no abandona totalmente su reivindicación del río. El Parlamento regional, con los votos de todos los partidos (PSOE, PP e IU), ha empezado a tramitar una proposición de ley orgánica para que el Estado vuelva a delegar todas las competencias sobre el río. Se amparan en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado delegar competencias mediante una ley orgánica. El Parlamento andaluz enviará esa proposición al Congreso de los Diputados. Y será el nuevo Gobierno el que decida sobre esta reivindicación de Andalucía.