11 treguas, ocho rotas antes de terminar
En todas, menos en tres, cometió atentados, siguió asesinando con el alto en fuego en vigor
ETA ha declarado 11 treguas —totales o de ámbito parcial— en cuatro décadas de vida. En todas, menos en tres, cometió atentados, siguió asesinando con el alto en fuego en vigor. Solo respetó las de 1989 (tres meses), 1998-99 (14 meses) y la última, decretada en enero de 2011 y que ha culminado con el “cese definitivo” del terrorismo anunciado el jueves. Hasta llegar a esas dos palabras, han sido muchos los apellidos de las treguas.
28 de febrero de 1981. Una semana después del intento de golpe de Estado, ETA Político-militar anuncia la “paralización de todas las acciones previstas y la suspensión de las que se están llevando a efecto”. El año anterior, 1980, ha sido —y será— el más cruento de la banda: 92 muertos. No se ponen plazos ni condiciones al alto el fuego. Pero, el 3 de marzo, ETA Militar sostiene que va a seguir atentando. El 5 de marzo es asesinado el comisario de policía José Luis de Raymundo Moya. Otras 45 personas son asesinadas durante el alto el fuego, que ETA suspende oficialmente en agosto de 1982.
28 de enero de 1988. ETA ofrece al Gobierno de Felipe González una “tregua parcial de carácter oficial, que supondría el cese provisional de las ejecuciones salvo en el caso de enfrentamientos fortuitos” durante un mes (luego la prorrogaría a otros 30 días). La condición: que el Ejecutivo se comprometa a reanudar los contactos en Argel, que se habían iniciado el año anterior e interrumpido en diciembre tras el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. El 24 de febrero de 1988 es secuestrado Emiliano Revilla. Dos personas son asesinadas antes de que ETA suspenda la tregua a finales de marzo.
8 de enero de 1989. La banda anuncia una “tregua unilateral de dos semanas” (que se prolongará hasta abril) e inmediatamente comienzan las conversaciones oficiales entre Gobierno y ETA en Argel. La negociación se rompe el 4 de abril. Ocho días después es asesinado el guardia civil José Calvo de la Hoz.
10 de julio de 1992. ETA exige al Gobierno que inicie una “negociación política en un país neutral” y a cambio ofrece dos meses de tregua. Los terroristas amenazan con “mantener todos los frentes abiertos” si el Ejecutivo rechaza sus condiciones. No hay negociación, y en agosto son asesinados los guardias civiles José Manuel Fernández Lozano y Juan Manuel Martínez Gil.
23 de junio de 1996. Recién elegido presidente José María Aznar, ETA declara una “suspensión temporal de las acciones armadas” de una semana e insta al Ejecutivo a explicar sus “intenciones para superar el conflicto”. José Antonio Ortega Lara lleva 159 días secuestrado —no será liberado (por la Guardia Civil) hasta un año más tarde—. El Gobierno no responde.
20 de noviembre de 1997. En julio de este año ha sido secuestrado y asesinado el concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco. El clamor social contra ETA se desborda. En noviembre, la banda comunica la suspensión de “todas las acciones que tenía previsto realizar en el frente carcelario”, una vaga tregua sectorial que a nadie seduce.
16 de septiembre de 1998. ETA anuncia un “alto el fuego total e indefinido” cuatro días después de que todos los partidos nacionalistas vascos más IU-EB firmen la Declaración de Lizarra, que apuesta por debatir las demandas de la banda. Esta tregua, pactada con los partidos nacionalistas, será la más duradera de la historia criminal de ETA: 14 meses. El 3 de noviembre de 1998, el presidente Aznar comunica el inicio de conversaciones con “el entorno del Movimiento Vasco de Liberación”. Habrá una sola conversación: el 19 de mayo de 1999 en Zúrich (Suiza). Las negociaciones fracasan y ETA rompe la tregua el 28 de noviembre.
18 de febrero de 2004. En plena campaña electoral catalana, y solo mes y medio después de que el líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, se reuniera con los jefes de ETA en Perpiñán (Francia), la banda declara la “suspensión de su campaña de acciones armadas en Cataluña”. Los partidos democráticos tachan el comunicado de “inmoral, repugnante, miserable e inadmisible”.
18 de junio de 2005. ETA decide “cerrar el frente contra los electos de los partidos políticos de España y, por tanto, cesar en sus acciones armadas contra ese colectivo”. Un mes antes, todos los grupos parlamentarios en el Congreso, salvo el PP, han apoyado la propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero de dialogar con la banda “sin precio político” y si se aprecia su “clara voluntad” de “poner fin a la violencia”. Los etarras habían asesinado hasta entonces a 39 políticos.
22 de marzo de 2006. “Alto el fuego permanente”. Fue la denominación de la tregua que daría lugar al proceso de negociación más polémico y con final más frustrante. Cuando anuncia la tregua, ETA lleva ya casi tres años sin asesinar. Las conversaciones entre Gobierno y ETA, precedidas por contactos entre representantes del PSE y de Batasuna ya desde el año anterior, comienzan oficialmente en junio de 2006. El 30 de diciembre, una bomba en la T-4 del aeropuerto Madrid-Barajas mata a dos inmigrantes ecuatorianos, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. El Gobierno sigue hablando con la banda, en secreto, en los meses siguientes. Ante la falta de acuerdo, ETA anuncia el fin oficial de la tregua en junio de 2007.
10 de enero de 2011. El 5 de septiembre de 2010 la banda había comunicado su decisión de “no llevar a cabo acciones armadas ofensivas”. Cuatro meses más tarde le pone apellidos a la última tregua: “Alto el fuego permanente, general y verificable”. La terminología ha añadido un nuevo concepto —verificable—, pero los partidos democráticos ya no se fían y responden con desprecio. Todo lo que no sea definitivo, responden, es insuficiente. Diez meses más le ha costado a ETA aceptar, al menos en el papel, ese “cese definitivo” del terrorismo. Llegó el 20 de octubre de 2011.
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