El Supremo aplaza su decisión sobre la prescripción de los fraudes de Fabra
Tras varias horas de deliberación, el Tribunal ha aplazado la toma de una decisión
La sala segunda del Tribunal Supremo se reunió a las 10 de la mañana para tratar la prescripción de cuatro de los cinco delitos de los que se acusa al expresidente de la Diputación de Castellón y aún presidente provincial del PP, Carlos Fabra. Horas después, los miembros de la sala han decidido aplazar la toma de una decisión hasta otra sesión.
Según los peritos judiciales, que son inspectores de Hacienda, Fabra defraudó, junto con su entonces esposa, María Amparo Fernández, un total de 1,5 millones de euros durante cinco ejercicios fiscales. El fraude a la Hacienda pública se produjo, según los peritos, tras el ingreso de más de 3 millones de euros de origen no justificado.
El titular del juzgado número 1 de Nules consideró que el plazo de prescripción de los delitos, supuestamente cometidos entre 1999 y 2004, se había interrumpido con la investigación. Sin embargo, en diciembre de 2010, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón resolvió un recurso a favor de Fabra y dictó que los cinco años de investigación de dichos delitos no suponían el acto jurídico necesario para paralizar el plazo. Tras la resolución de la Audiencia, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular decidieron recurrir el auto. Y es ahora cuando el Tribunal Supremo debe resolver.
Tras las conclusiones de los informes periciales, la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para el ahora expresidente de la Diputación de Castellón, mientras que la acusación popular, que representa a la Unión de Consumidores, elevó la petición de pena a 20 años y nueve meses de prisión.
Al margen de la decisión sobre estos cuatro delitos, Carlos Fabra está imputado ante la posible comisión de tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal sobre el que la Agencia Tributaria sí presentó denuncia y, por tanto, no se declaró prescrito. Fabra, investigado desde hace más de siete años fue denunciado por un empresario, Vicente Vilar, hasta entonces amigo suyo, que le acusó de cobrarle a cambio de “favores políticos”.
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