UGT y CCOO avisan que escuelas públicas podrán ser privatizadas

Los sindicatos UGT y CC OO piden la retirada del artículo 102 del anteproyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos valencianos de 2012 por el que se anuncia que “la Generalitat colaborará con particulares en la promoción de Centros de Iniciativa Social (CIS) mediante la cesión de bienes demaniales [de titularidad y servicio público] para la construcción de centros educativos de titularidad privada, pero sostenidos con fondos públicos”. El voto particular expresado en el pleno del Consejo Económico y Social del 17 de octubre por los representantes de las ejecutivas de UGT y CC OO, Juan J. Ortega y Manolo Picó respectivamente, se fundamenta en que “por la información recibida de la inspección educativa, se pretende la sustitución de centros de titularidad pública con instalaciones provisionales por centros de titularidad privada”. Es decir, que afectaría a aquellos colegios o institutos públicos cuyos alumnos estén todos escolarizados en barracones, porque el edificio requiere de una reforma integral urgente.

Ambos alertan de que la extensión de la fórmula de centros CIS puede “incluso alcanzar también a centros que están proyectados en el Mapa Escolar”. Un documento de 1996 —que se ha ido reformando y ampliando durante tres legislaturas—, del que dependen más de 80 proyectos de construcción o reforma integral centros públicos por parte de la empresa pública de construcciones escolares Ciegsa que están paralizados por falta de dinero.

UGT y CC OO exigen al Consell que “explicite todo el contenido de la ley, ya que “el artículo 102 es sólo una declaración de intenciones y no un texto completo que regula las condiciones sobre el acceso al suelo público, los requisitos del concierto ni el espacio que estos centros van a ocupar en la planificación educativa”.

Según el Informe de necesidad y oportunidad para la propuesta de incorporación del artículo 102 a la Ley de Presupuestos remitido al Consejo Económico y Social (CES) por la Subsecretaría Autonómica de Educación, “ante las políticas actuales de contención del gasto, la consejería se plantea regular el reconocimiento de los centros CIS”. Educación admite que “la coyuntura económica” obliga a buscar “caminos alternativos, que permitan alcanzar similares objetivos con menor gasto”.

En una tabla gráfica adjunta la consejería cifra el ahorro de la construcción y equipamiento de un centro público de Primaria entre 3,9 y 5,7 millones, dependiendo de si tiene 3+6 unidades o 6+12. En los institutos de Secundaria, el “ahorro” fluctúa entre los 6 millones de los centros 12+6 unidades y los 13,1 millones los de 24+12 unidades.

La memoria oficial insiste, en el mismo gráfico, en que “el coste de concierto” es menor que “el coste de la gestión pública”. El concierto con un centro de Primaria supone un “ahorro” de entre 31.000 euros y 1.000 menos por ejercicio; y de entre medio millón y un millón, en los de Secundaria.

UGT advierte de que la consejería “utiliza el Plan de Previsión Educativa 2012-2015 para conveniar con diversas corporaciones locales la oferta en la ciudad, incluyendo las actuaciones constructivas en las que podrá participar la iniciativa privada. Era lo que pretendía en Ayuntamiento del PP de la Vila-Joiosa en el colegio público Gasparot mediante la remodelación integral por parte de la iniciativa privada”.

CC OO alerta de que “en municipios como Benidorm, la Administración educativa en entrevistas con la Corporación local comunica que si necesitan una instalación nueva tendrán que esperar al 2015-2016 si quieren que sea pública. En caso de urgencia tendrán que aceptar que esos centros sean de gestión concertada”.

El recurso de inyectar capital privado al sistema educativo contempla —además de la construcción de centros CIS— otras fórmulas financieras como el leasing o el alquiler con opción a compra para eliminar los 900 barracones. Pero plantea dudas, expresadas por los representantes de CC OO y UGT en el pleno del lunes, acerca de su “alcance y efectos sobre la planificación educativa” y “la posible contradicción con leyes orgánicas estatales”. Ambos piden que “la modificación del articulado se tramite y debata de forma ordinaria en las Cortes”.