La confesión del empresario que pagó a Roca anima a otros procesados a pactar

El interés del juicio del caso Malaya se ha desplazado desde la sala donde desarrolla la vista oral hacia las bambalinas. La decisión, absolutamente inesperada, del empresario burgalés Ismael Pérez Peña, de admitir que en septiembre de 2005 pagó 180.100 euros al supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de una rebaja sustancial en la pena que le pide el fiscal —de 11 años de prisión a dos años y tres meses sustituibles por una multa— ha suscitado la inquietud del resto de los procesados.

Según fuentes judiciales, en un curioso efecto dominó, “varios” de los 53 acusados que se sientan en el banquillo en la cuarta y definitiva fase del juicio se han mostrado proclives a un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. En las próximas jornadas del juicio es probable que se conozca el resultado de estas negociaciones discretas.

La confesión de Pérez Peña, empresario que durante los años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) en Marbella abasteció de vehículos al parque móvil municipal, pone en una situación comprometida a muchos de los procesados. Entre los más afectados por la declaración figuran el propio Roca y la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe, que, según el empresario, recibió tres coches como regalo en enero de 2005, mes en el que el Ayuntamiento sacó a concurso la concesión del servicio de grúa municipal, al que aspiraba Pérez Peña.

Ayer también se conoció la conformidad del empresario Carmelo Armenta, una de cuyas sociedades simuló comprar tres chalés a Roca en Mallorca.

Entre los procesados que han explorado posibles pactos con la fiscalía no figura, por el momento, Juan Antonio Roca

Según fuentes conocedoras de los contactos, el tribunal que juzga el caso Malaya desde septiembre de 2010 —mañana se cumple la sesión número 99 del juicio— ve los posibles pactos con buenos ojos. Un acuerdo de conformidad permitiría, por un lado, agilizar el desarrollo del juicio, que, según los ritmos actuales, quedará visto para sentencia en marzo de 2012.

Por otro lado, el pacto tendría una consecuencia jurídica inmediata: la trama de corrupción en Marbella quedaría oficialmente probada —al menos en el caso de los que reconozcan su culpa— y se avanzaría en la ejecución de la sentencia, con el cobro de las multas, cuyo importe se podría emplear para resarcir al Ayuntamiento de Marbella. Un abogado personado en el caso glosaba ayer las virtudes de un buen pacto: “Con el tiempo que se ahorran no teniendo que venir al juicio, algunos procesados ganan el dinero para pagar la multa que les puedan imponer”.

Entre los procesados que han explorado posibles pactos con la fiscalía no figura, por el momento, Juan Antonio Roca. El supuesto cerebro de la trama se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa.