La CEOE pide rebajar la indemnización por despido a 20 días por año
La patronal debatió un documento de propuestas para presentar a los partidos políticos
La clave para librar a la economía de los males que la aquejan es una reforma laboral profunda. Con este planteamiento, CEOE y Cepyme debatieron ayer un documento de propuestas para presentar a los partidos políticos que concurren a las elecciones. Las patronales españolas centran sus recetas en el mercado de trabajo y en el sector público, los dos apartados con mayor concreción. Los dirigentes empresariales defienden “una reducción sustancial del coste del despido”, hasta 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. La propuesta supone recortar a más de la mitad la indemnización del contrato ordinario actual.
El bloque laboral incluido en el documento Soluciones de los empresarios para afrontar la crisis, al que ha tenido acceso este diario, responde a la línea más dura de esta organización respecto al mercado de trabajo. Más allá de la fijación de un despido de 20 días —se entiende que el improcedente, pues el despido por causas económicas ya cuenta con esa indemnización—, el texto aboga por un vuelco en la política salarial al desterrar de los convenios el vínculo entre sueldos e inflación. Conscientes de que eso echa por tierra todos los compromisos anteriores adquiridos con los sindicatos, la organización pide “negociar un nuevo pacto de moderación salarial para el periodo 2012-2015”, previsiblemente a la baja.
El bloque laboral incluido en el documento Soluciones de los empresarios para afrontar la crisis responde a la línea más dura de esta organización respecto al mercado de trabajo
Este planteamiento evidencia que CEOE, presidida por Juan Rosell, cree insuficiente la reforma laboral aprobada definitivamente hace poco más de un año. Tampoco parece satisfacerle la de la negociación colectiva, pues los empresarios piden también potenciar la flexibilidad interna de las empresas, el convenio empresarial y el descuelgue salarial. Asimismo reivindica una regulación del derecho de huelga.
CEOE y Cepyme entran de lleno en uno de los grandes debates electorales, el del sector público y los recursos necesarios para mantenerlo, aunque con postulados incompletos. La principal novedad es que los empresarios instan a “mantener constante el total de la carga fiscal”, frente a planteamientos anteriores de rebajas globales de impuestos. Pero a la hora de detallar recetas, solo aparecen las que implican una rebaja impositiva: reducción sustancial de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social, rebaja de la imposición sobre el ahorro y reducción del impuesto de sociedades, ya muy mermado por reducciones de la base imponible y deducciones.
Fuentes de esta organización admiten que el documento ha dejado fuera las figuras que deberían subir a cambio para mantener la carga fiscal global y que ese capítulo generó debate en la reunión de ayer. No obstante, recuerdan que se trata de un borrador y que, por tanto, está sujeto a modificaciones. Lo que sí deja claro el texto es que el ajuste fiscal “debe realizarse por el lado de los gastos, especialmente los corrientes”. En otras ocasiones, CEOE ha considerado como un mal menor elevar el IVA a cambio de rebajar cotizaciones sociales.
Los empresarios animan a adoptar estas medidas “en el comienzo de la legislatura”, cuando los Gobiernos suelen tener más fuerza para adoptar decisiones
Los empresarios animan a adoptar estas medidas “en el comienzo de la legislatura”, cuando los Gobiernos suelen tener más fuerza para adoptar decisiones. Entre ellas figura también el final de la reestructuración del sistema financiero que restituya el crédito a las empresas. Para paliar los efectos de las facturas pendientes de pago por parte de las Administraciones públicas, CEOE sugiere compensarlas con deudas tributarias y de la Seguridad Social que puedan tener las compañías.
Los empresarios exigen reducir el sector público a “lo esencial” y dar mayor participación al privado en áreas clave como la sanidad y la educación. Abogan, eso sí, por mantener e incluso potenciar los incentivos públicos que reciben las compañías españolas por innovación, exportación o internacionalización. Para fomentar el sector turístico, la organización aboga por establecer un IVA reducido del 5%, en línea con lo que propone el candidato del PP, Mariano Rajoy.
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