Rubalcaba quiere subir impuestos al alcohol y el tabaco para salvar la Sanidad

La propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba para garantizar la financiación de la sanidad parte de una premisa: las comunidades autónomas colaborarán. Porque, si no lo hacen, sería difícil aplicar la mayoría de las medidas. La competencia y la gestión sanitaria están transferidas a las comunidades; y buena parte de los impuestos que se subirían, también. Estas son las patas del plan del candidato socialista:

Subida de impuestos

Rubalcaba afirmó que, de los 8.000 millones de déficit anual que tiene la sanidad pública, 6.000 millones van a desaparecer en 2012 con las medidas que el Gobierno ya ha tomado (bajando el gasto farmacéutico, sobre todo). Pero “siguen faltando otros 2.000 millones”. La mitad, 1.000 millones, llegaría por el lado fiscal: los impuestos del tabaco y el alcohol (exceptuando vino y cerveza) subirían un 10%. En el caso del tabaco, es la tercera subida en dos años (el precio de la cajetilla aumentó un 15,6% el 2010, según la Agencia Tributaria). La novedad es que esos 1.000 millones extra serían finalistas: las comunidades tendrían que dedicarlos a financiar la sanidad, no a ninguna otra cosa.

“Es razonable que algunos españoles, los que fuman, los que beben, aporten más para que la sanidad siga funcionando. El consumo de alcohol y el tabaco repercute sobre el gasto sanitario”, argumentó Rubalcaba. El problema es que el 58% de esos impuestos lo recaudan las comunidades, y no existen mecanismos claros para imponerles desde el Gobierno central el destino del dinero. Hasta ahora, el único impuesto finalista para sanidad era el céntimo sanitario: un gravamen sobre hidrocarburos que el Ejecutivo creó en 2002 y que aplica la mayoría de las comunidades.

Fin a las exenciones a la sanidad privada

Otros 300 millones pretende inyectar en la sanidad pública el candidato del PSOE eliminando las exenciones fiscales a las “primas de seguro de asistencia”, de las que se benefician las compañías privadas de salud contratadas por empresas para asumir la cobertura sanitaria de sus trabajadores. Rubalcaba subrayó que con la nueva Ley de Salud Pública aprobada la semana pasada “ya todo el mundo tiene derecho a la sanidad pública”, y que por tanto no tiene sentido ni es justo seguir aplicando beneficios fiscales a la privada.

Esa ley incorpora al sistema nacional de salud a 250.000 personas que hasta ahora no tenían derecho a utilizar la red pública: los parados que han dejado de recibir prestación por desempleo y que tampoco pueden engancharse a la cobertura de un familiar; los rentistas o profesionales con rentas altas que nunca han cotizado; y los arquitectos y abogados, que tienen una sanidad paralela con mutuas. Pero solo el primer grupo, el de los parados, se incorpora ya en enero de 2012; para los demás todavía no se ha decidido ni el calendario ni el mecanismo de incorporación a la sanidad pública.

Cobrar a las aseguradoras

Cuando alguien sufre un accidente laboral, deportivo o de tráfico, si está asegurado, es la aseguradora la que debe pagar el coste de la atención sanitaria. Pero muchas veces eso no ocurre: el accidentado va al hospital, lo atienden y luego es muy difícil cuantificar el coste y engorroso el procedimiento para reclamarlo. Así que acaba pagando —en parte o totalmente— la sanidad pública. Rubalcaba propone que eso se termine: que se habiliten mecanismos para mejorar la gestión de esas situaciones, de modo que se cobre “del todo” a las aseguradoras. La gestión depende de las comunidades autónomas.

De igual forma, el Estado tendría que asegurarse de cobrar la factura a los extranjeros no residentes que sean atendidos por la sanidad pública (mejor dicho, a sus países de origen). Algo que también es ya legalmente así, pero que por un problema de gestión no siempre se cumple. Con ambas medidas se ganarían 700 millones de euros, según el candidato socialista.

3.000 millones para proveedores

Aunque las cifras bailan, el PSOE calcula que las autonomías acumulan una deuda de 12.000 millones con los proveedores que abastecen a la sanidad pública. Rubalcaba propone que, de los 8.000 millones extra que, por la nueva ley de financiación de 2009, van a recibir las comunidades en 2012, estén obligadas a gastar 3.000 millones en pagar a esas empresas. Así, dice, “en cuatro años se habría acabado con la deuda a proveedores”. Contando con que no se genere deuda nueva. Hace seis años, el Gobierno transfirió 2.500 millones extra a las autonomías para aliviar el coste sanitario y “lo gastaron en otras cosas”. “Eso no debería volver a pasar”, insistió. Además, el PSOE promete una línea del ICO también exclusiva para recortar la deuda de la sanidad.

Gestión centralizada de servicios

Mirando al “futuro”, a la sostenibilidad del sistema, el PSOE ve imprescindible introducir cambios en la gestión. Empezando por “recentralizar algunos servicios”, “estimular la medicina preventiva”, “cambiar la cultura” de los pacientes para que no hagan un uso abusivo de los hospitales y pedir a los médicos “un esfuerzo de gestión”. Rubalcaba no precisó qué servicios se centralizarían, pero José Martínez Olmos, secretario general del Ministerio de Sanidad, pone un ejemplo: la compra de medicamentos para los centros sanitarios de toda España podría hacerse con un concurso estatal: saldría mucho más barata. “Ya se ha hecho este año con la vacuna de la gripe estacional”, explica.