Madrid se atrinchera en la negación

La comparecencia despertó expectación. Con un conflicto educativo en carne viva, después de tres días de huelga en los institutos madrileños y tras dos manifestaciones con decenas de miles de participantes, todos querían escucharla. La consejera Lucía Figar acudió ayer a la Comisión de Educación por primera vez en esta legislatura. Durante la primera media hora, hizo balance de gestión y futuro sin una sola mención a las protestas. Después se atrincheró en el argumento que ha repetido su partido de una huelga “política” que esconde un intento del PSOE de “arañar unos cuantos votos” en las próximas elecciones generales del 20-N. La consejera acusó a socialistas e IU de “mentir” y “manipular” a las familias que se han unido a docentes y sindicatos en las protestas. Y negó que los cambios introducidos por su Gobierno vayan a afectar al funcionamiento de los centros en cuanto a guardias, desdobles o actividades extraescolares, como denuncia parte de la comunidad educativa. “Qué tendrán que ver las instrucciones con quedarse sin excursiones”, deslizó.

La oposición en bloque (PSM, IU y UPyD) le reclamó ayer en la sesión que retire las instrucciones de inicio de curso que aumentan de 18 a 20 horas la carga lectiva de los docentes de Secundaria. Según parte de la comunidad educativa, esas instrucciones suponen un recorte en la contratación de miles de interinos y ponen en peligro el funcionamiento de los centros. El portavoz del PSM en la Asamblea, Tomás Gómez, hizo dos peticiones: el “cese automático” de Figar si no renuncia a los recortes, y que se retome el diálogo para cerrar “un gran pacto educativo” con sindicatos, docentes, familias y oposición.

La consejera dejó muchas preguntas sin contestar tanto dentro como fuera de la sala de la Asamblea de Madrid. Ni ella ni, con posterioridad, su departamento, respondieron a esas dudas a preguntas de este periódico. A saber. No dio una fecha para una posible cita con los sindicatos, que el lunes vuelven a reunirse entre ellos para negociar un nuevo calendario de movilizaciones. Figar recordó que los convocó dos veces y no acudieron. Tres de las cuatro centrales mayoritarias (CC OO, UGT y CSIF) declinaron su invitación y alegaron que se negaban a negociar si solo les ofrecían un punto en el orden del día: la aprobación de unos complementos económicos para parte de la plantilla de profesores de Secundaria.

La consejera dejó muchas preguntas sin contestar dentro y fuera de la sala

Tampoco desgranó la consejera cómo son los contratos de los 783 interinos con los que Educación ha contado hasta la fecha. ¿Cuántos tendrán plaza todo el curso? ¿Cuántos permanecerán las 20 horas lectivas en un instituto? Según los sindicatos, la mayoría de esas contrataciones se han cerrado por meses, con pocas horas y repartiendo a un mismo interino entre varios centros. Otra cuestión en el aire: ¿cuánto se han reducido los 80 millones que la consejería estimó que ahorraría con los ajustes? La consejera no se ha referido a cómo afectan a esa cantidad las nuevas contrataciones —la lista sigue “viva” y se puede ampliar, asegura— y la resta de 10 millones que costará pagar los complementos recién aprobados para tutores, jefes de departamento y coordinadores de tecnología. Los inspectores educativos han revisado 165 institutos (de 340) y han emitido un “informe favorable”, según Figar, que garantiza que los horarios están bien elaborados y permiten impartir la jornada lectiva, las medidas de apoyo y los refuerzos previstos.

Según Figar, 163 institutos tienen informe favorable de la inspección

En la “mayoría” de los casos, prosiguió la consejera tras su comparecencia a preguntas de los periodistas, los inspectores señalaron que la organización era correcta y algunos requirieron solventar deficiencias “enviando medio cupo más o resolviendo alguna anomalía”. No especificó cuántos centros necesitaron el envío de profesores ni el número de los que presentaron anomalías.

El portavoz de UPyD, Ramón Marcos, acusó a la consejera de gestionar “fatal” la huelga de docentes y fue el primero en pedir la retirada de las instrucciones de inicio de curso. La portavoz de IU, Eulalia Vaquero, le acusó de perpetrar un “brutal ataque contra la escuela pública”. Vaquero acudió a la sesión con la camiseta verde de las protestas con el lema Escuela pública de todos para todos. El portavoz del PSM, Eusebio González, le advirtió de que su partido estaría “muy vigilante” con el papel de la inspección.

El diputado Juan Van-Halen (PP) reforzó la tesis de la mano negra política. “Aquí lo histórico no es esta huelga, sino el enorme fracaso electoral del PSOE”, dijo. El diputado acusó al portavoz del Gobierno socialista y ministro de Fomento, José Blanco, de “azuzar” el paro en la enseñanza madrileña mientras “lleva a sus hijos a la escuela privada”.