El PP usa el bisturí en todas las instituciones de Baleares

Tras construirse antes de la campaña electoral la imagen exterior de político implacable, al vetar en las listas del PP a los imputados en casos de corrupción, el presidente balear, José Ramón Bauzá (PP), quiso imponer de inmediato, al formar su Gobierno, la política de la austeridad y de los recortes. La tijera y el bisturí marcan, por tanto, el primer período de Gobierno popular en las islas, que goza de mayoría absoluta en todas las primeras instituciones baleares, menos Formentera. Además, hay que añadir un gran hermetismo sobre el alcance final de los sacrificios en los usuarios debido a la agonía financiera de las arcas públicas.

La sequía económica implicó ya la anulación de planes y de obras públicas en marcha. Sin apenas oposición real, no hay réplica posible: en Mallorca se avanza en el cierre de la televisión M y la radio Ona Mallorca –con 9,5 millones de presupuesto y 115 trabajadores- y se recortan ayudas culturales; en Palma se para el proyecto de reforma del barrio degradado de Camp Redó, más conocido como Corea, se desmonta el plan del carril bici; y la idea del nuevo tranvía queda en el olvido.

La prolongación ya en marcha de la vía férrea de Manacor a Artà, con unos 90 millones gastados, se paraliza sine die. Los menores de 16 años ya no tendrán en Palma billete de bus gratis y se han recortado asistentes de las redes sociales y de normalización lingüística. En Baleares se anuncia el cobro en aparcamientos ahora gratuitos y el uso a tarifa de zonas.

José Ramón Bauzá es un personaje político de estreno que desdeña las declaraciones de brocha gorda y el tono alarmista que otros barones del PP exhibieron al llegar al poder. Pero la acción del Gobierno de Baleares, a punto de cumplen cien días, sigue rutas parecidas a las otras comunidades conservadoras. “No podemos ni para pagar los bolígrafos”, declaró Carlos Delgado, consejero de Turismo, uno de los políticos duros del ala derecha-liberal del Gabinete.

Baleares eliminará los liberados sindicales institucionales a tiempo completo, suprimirá las ayudas sociales a sindicatos y sus locales a costa del erario balear. En adelante los funcionarios no harán horas extras ni tendrán pluses de productividad, salvo en casos muy concretos; no habrá convocatoria de nuevas plazas de empleo público, ni más interinos y otros contratados laborales.

Los conflictos no han estallado en los inicios de curso. El departamento de Educación está bajo la égida del consejero portavoz Rafael Bosch –que fue profesor de Química de Bauzá- , que prepara el incremento de horas lectivas en ESO en 2012 e indirectamente la baja a unas 400 plazas de profesores interinos.

“No habrá recortes de sueldos”, especificó Bosch. Los delegados sindicales han protestado que no se negocia ni comunica. Bauzá y Bosch hoy les han recibido en una toma de contacto, circunstancial.

En Sanidad, la oposición del PSOE dice que hay plantas de hospitales cerradas, listas ocultas y ritmo menor de intervenciones. El Gobierno no precisa cuál será el ajuste necesario para el ahorro y asegura que “no afectará a la calidad asistencial”.

Las promesas imcumplidas de Bauzá

Bauzá cercenó, de entrada, la mitad de la estructura y los cargos del anterior Gobierno. Funciona con siete consejeros, entre ellos un vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló que negocia el plan de ajuste y el acceso a nuevos créditos con el Gobierno central, sin polemizar. El presupuesto de la televisión autonómica IB3 pasará de 62 a 30 millones. Excepcionalmente un consejero del Gobierno, Antonio Gómez de Presidencia, es el director formal de la televisión IB3.

Pese a las promesas de austeridad la primera decisión aparecida en el boletín oficial balear firmada por Bauzá fue el aumento del sueldo a los altos cargos de su equipo, los hombres y mujeres que están a la sombra del presidente de 40 años. El PP rechazó que fuera una contradicción con la política de ajustes sino una nivelación de salarios en un departamento de Presidencia más reducido. A la vera de Bauzá trabaja el director de la Oficina de Control Presupuestario, Joaquín García, que fue el primer ejecutivo de la inmobiliaria Drac, que protagonizó el mayor crack financiero de Baleares.

Las alarmas sobre el estado de las finanzas de la Comunidad no han dejado de sonar, el PP llegó a decir que no sabía si había dinero para las nóminas de los funcionarios y hoy mismo la Universidad de Baleares UIB ha recibido una transferencia para afrontar el pago de salarios. El mismo Parlamento de Baleares tiene los mismos apuros, así como la inmensa mayoría de instituciones y empresas. El efecto dominó de la falta de liquidez provoca agobios de pequeñas empresas y grandes constructoras. Las farmacias de Baleares están a punto de plantar cara con un cierre al presidente.