Como albinos en Tanzania

El impuesto sobre el patrimonio se suspendió en 2008 tras un ágape en La Moncloa en el que Zapatero reunió a algunos de los principales empresarios del país. El presidente del Gobierno preguntó a sus invitados, uno a uno, si pagaban dicho impuesto y, uno a uno, le respondieron que no (esta anécdota me la relató uno de los asistentes). En uno de sus característicos prontos, Zapatero decidió suspender el impuesto sobre el patrimonio por su falta de equidad, puesto que los más ricos del país no lo pagaban. Y no es que hicieran fraude: no lo pagaban cumpliendo la legalidad vigente.

Un impuesto sobre el patrimonio es una anomalía en las economías occidentales. Solo existe en España y, en cierta medida, en Francia. No existe en otros países por una razón de tipo económico y otra de tipo técnico. El patrimonio es un conjunto de rentas acumuladas en el tiempo que, cuando se generaron, pagaron los impuestos correspondientes. Gravar el patrimonio es volver a gravar esas rentas, algo que la ortodoxia tributaria considera rechazable porque desincentiva el ahorro. La razón técnica es que los más ricos no son personas físicas, sino jurídicas, con lo que eluden con facilidad los impuestos cuyo sujeto pasivo son las personas físicas. En España este impuesto existe desde 1978, cuando se instauró con carácter excepcional y transitorio, conscientes los legisladores de entonces de la anomalía que representaba, porque al no pagarlo los ricos era un impuesto sobre las clases medias. En 1991 se le dio un carácter permanente, pero los ricos siguieron sin pagar porque el impuesto no cambió. Este fue el impuesto que se suspendió en 2008, por su falta de equidad, y el que el Gobierno ha decidido restaurar en 2011. ¿Significa esta restauración que los comensales del banquete de Zapatero van a comenzar a pagar el impuesto sobre el patrimonio? ¡Por supuesto que no, faltaría más! El impuesto no ha cambiado, solo se ha elevado el mínimo exento: sigue siendo un impuesto sobre las clases medias. ¿Por qué los ricos españoles no lo pagan? A la razón técnica expuesta más arriba hay que añadir otra de carácter alimenticio. Todo político en activo es un futuro expolítico. Y tendrá que comer de algo. Los verdaderamente ricos de este país dan una solución a este problema. Basta consultar la lista de consejos de administración, asesorías y consultorías de las principales empresas y sociedades patrimoniales de este país —y también algunas del extranjero— para que sea inevitable exclamar: ¡Ah, claro! Como dicen en mi tierra, “una mano lava la otra y las dos lavan la cara”.

Dice el catecismo que mentir es decir lo contrario de lo que se piensa o cree, con intención de engañar. ¿Mienten Rubalcaba y Blanco cuando dicen que “el PP intenta ahorrar esfuerzos a los patrimonios más grandes”, o que “no es justo recortar la educación sin pedir un esfuerzo a los que más tienen”? Si se les supone un cociente de inteligencia superior a la temperatura ambiente, y creo que eso hay que hacerlo, hay que concluir que sí. Mienten bellacamente. Yo no sé qué extraña ofuscación ha llevado al PSOE a diseñar su campaña electoral alrededor de una mentira tan palmaria. No sé por qué creen los socialistas que el tirón electoral de sus mentirosos (Rubalcaba y Blanco, por ejemplo) será similar al de los del PP (por ejemplo, Camps). Lo que sí sé es que el tema central de la campaña es un insulto a la inteligencia. Cuando Rubalcaba y Blanco dicen que hay que reinstaurar el impuesto sobre el patrimonio (menos de 1.000 millones de euros anuales) para no tener que recortar la educación o la sanidad, ¿por qué no proponen, para cuadrar el déficit y como alternativa al impuesto, cerrar instituciones inútiles que solo sirven para dar de comer a políticos y a sus enchufados? Ejemplos: las televisiones públicas (1.300 millones de euros), las Diputaciones (5.000 millones de euros) y —¿por qué no?— el Senado (¡Oiga, que se tendría que cambiar la Constitución! ¡Anda ya!).

Alrededor de 160.000 personas, según cálculos de no se sabe quién del Gobierno, pagarán el impuesto restaurado. No son, ni de lejos, los más ricos: son los pecheros del siglo XXI. No les bastará con pagar. Han sido tomados como rehenes de una estrategia electoral que, a la desesperada, les está acusando ya de insolidaridad y les acabará acusando de ser los últimos responsables de la crisis que asuela el país. Pueden acabar siendo el chivo expiatorio que oculte la enorme responsabilidad del Gobierno saliente por su frívola gestión de la crisis. Como albinos en Tanzania se van a tener que esconder, o pintarse la cara de otro color. La restauración del impuesto sobre el patrimonio responde, en mi opinión, a mucho más que a un intento de colocar al PP en una posición incómoda cuando se vote el decreto ley en el Congreso. En 2004, el PSOE ganó unas elecciones que parecían perdidas de antemano por un movimiento súbito de la opinión pública contrario a la gestión que el PP había hecho de los atentados de Madrid. ¿Podría un movimiento similar —espontáneo, por supuesto— contrario a los pobres ricos albinos y a quienes les protegen, provocar un resultado similar en las elecciones de 2011? Yo creo que no, pero bien pudiera haber quien opinara que sí.

César Molinas es socio fundador de la consultora Multa Paucis.