El PP socorre al Gobierno para aprobar la nueva reforma laboral

Los populares critican el cambio, pero se abstendrán para que sea aprobado Los contactos Gobierno-PP, cada vez más frecuentes, abren una nueva etapa Sáenz de Santamaría asegura que el Ejecutivo les ha pedido ayuda

Nadie duda en los pasillos del Congreso de que los tiempos han cambiado mucho. Mientras en el Senado ya se producen despedidas emotivas del presidente del Gobierno, y hasta Pío García-Escudero, siempre implacable, le desea lo mejor a Zapatero y le reconoce su logro de reactivar la Cámara alta, en el Congreso hoy se va a producir un fenómeno que no se había visto en este último año. El PP ayudará al Gobierno a sacar adelante una reforma económica clave y muy impopular: la nueva reforma laboral que bendice la temporalidad y suspende por dos años el límite al encadenamiento de contratos temporales que el propio Gobierno instauró en 2006.

Después de cuatro contratos, era obligatorio hacer fijo al trabajador. Ahora no habrá ningún límite. “Preferimos tener a un trabajador temporal antes que a un parado”, se justificó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en pleno agosto, cuando se aprobó el decreto que hoy se convalida.

Sáenz de Santamaría habla con el diputado Lasalle en el Congreso.
Sáenz de Santamaría habla con el diputado Lasalle en el Congreso.ULY MARTÍN

El PP no está de acuerdo con esta impopular reforma. De hecho, no ha apoyado ninguna de las grandes leyes desde que el Gobierno empezó su secuencia de reformas impopulares, en mayo de 2010. Mariano Rajoy lo explicó el sábado, y ayer Soraya Sáenz de Santamaría remató: “Es un mal decreto porque nos lleva a una absoluta precarización del empleo”. Pero remató: “Sin embargo, el Gobierno nos ha pedido que nos abstengamos porque si no tendría que ceder a las pretensiones de CiU sobre la reforma de la negociación colectiva para que prevalezcan los convenios autonómicos, y por responsabilidad y sentido de Estado, nos abstenemos”. Efectivamente, Valeriano Gómez llamó a Fátima Báñez, miembro del equipo económico del PP y persona de confianza de la portavoz, para pedirle esa abstención.

La decisión supone un giro importante en la estrategia del PP, que coincide con un momento político muy particular, después del pacto para la reforma constitucional entre los dos grandes partidos, a pocas semanas de las elecciones y con una situación económica especialmente delicada. El Gobierno ya confió en varias ocasiones en la abstención del PP y, sin embargo, los populares votaron no, sometiendo al PSOE a una enorme presión que les hizo sacar reformas clave, como los recortes sociales de mayo de 2010, por un solo voto.

El último caso fue precisamente la reforma de la negociación colectiva. Ya con la crisis de la deuda muy avanzada, el pasado 22 de junio, el PP decidió votar no, lo que obligó al Gobierno a negociar a última hora con CiU y PNV para evitar perder la votación. Después de unas horas muy tensas y varios retrasos, la reforma salió adelante por solo 10 votos.

Cuando se les preguntaba por qué habían optado por el no pese a la delicada situación económica de España y a la imagen de debilidad que eso podía conllevar, los populares insistían en que no querían ser “corresponsables” de la política económica de Zapatero. Ahora la situación política es muy diferente. Desde las turbulencias de la deuda de agosto, cuando el diferencial con el bono alemán superó los 400 puntos, Zapatero y Rajoy mantienen conversaciones con mucha frecuencia, según diversas fuentes. Aunque se escenifiquen las discrepancias en muchos asuntos, como el impuesto de patrimonio, en el Congreso se ha instalado la idea de que la llegada del PP al Gobierno está muy cercana. Y eso ha cambiado las relaciones.

El pacto constitucional, que salió adelante solo con el apoyo de PSOE, PP y UPN, marcó una línea de separación entre los dos grandes partidos y CiU, que renunció incluso a votar, algo inédito en este grupo. Y ahora esa línea se consolida: PSOE y PP —con su abstención— pactan para que salga la reforma y CiU se queda sin capacidad de presión para modificar la negociación colectiva. CiU se abstuvo en junio con la condición de que se modificarían cosas a través de enmiendas. Sin embargo, con el acuerdo PSOE-PP esa reforma de la negociación colectiva, que está en trámite de enmiendas, decaerá y quedará en vigor el decreto que aprobó el Gobierno.

Al PP, que insiste en que hará una gran reforma laboral, le tocará si gana aplicar y cambiar todos estos asuntos. El entorno de Rajoy insiste en que esto será lo primero que haga el líder, y ya se prepara para una importante oposición, porque endurecerá muchas cuestiones, sobre todo de la negociación colectiva.

Las medidas del 26 de agosto

El Gobierno aprobó el pasado 26 de agosto un real decreto de “medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes” que modifica la legislación laboral impulsando la temporalidad. La tasa de paro juvenil es del 46%, frente al 20,8% general.

Contrato de formación. El Ejecutivo ya había elevado —con la reforma laboral de 2010— de los 21 a los 25 años la edad máxima hasta la que un trabajador sin cualificación profesional puede tener un contrato de formación (el más barato para el empresario). Esa ampliación se iba a aplicar transitoriamente hasta 2011. Cumplida esa fecha, el pasado 26 de agosto volvió a elevar el tope de edad, hasta los 30 años, "transitoriamente" hasta fin de 2013. Ese contrato tiene una duración mínima de un año y máxima de tres. El sueldo es, al menos, el salario mínimo interprofesional (641 euros), pero en proporción al tiempo de trabajo: como máximo, el 75% de la jornada normal, porque el resto se dedica a formación.

Contrato temporal. Durante dos años queda suspendida la regla aprobada en 2006 por la cual aquellos trabajadores que llevaran dos años con contratos temporales pasaban a ser fijos automáticamente. "En la actual coyuntura, la regla, lejos de fomentar la contratación indefinida, puede estar produciendo efectos indeseados de no renovación de contratos temporales y afectando negativamente al mantenimiento del empleo", explicaba el real decreto ley.

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