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El fiscal investiga si notarios cobraron de más en la cancelación de hipotecas

El fraude se habría producido en notarías y registros, según una denuncia de la OCU

La Fiscalía General del Estado va a investigar una denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) según la cual, se estarían percibiendo unas  supuestas exacciones ilegales en notarías y registros con motivo de la cancelación de hipotecas.La OCU denunció a la Fiscalía que notarios y registradores "cobran de más", ya que mientras la cancelación de una hipoteca no debería llevar más de 70 euros de costes notariales, el importe medio de las facturas analizadas asciende a 260 euros. En el trámite registral, la minuta debería ser de unos 24 euros según la OCU, mientras que se pagan 144 euros de media.

El fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, recibió la semana pasada una denuncia de la OCU en ese sentido, y con el fin de esclarecer la naturaleza de los hechos denunciados, ha ordenado una investigación al fiscal de sala José María Paz, delegado para la defensa de los intereses de los consumidores.

Según la denuncia, en el 92% de las facturas hay "prácticas ilegales",  por lo que, extrapolando esos resultados a las 372.042 cancelaciones de hipoteca de 2010, lo  facturado de más podría elevarse a unos 93 millones de euros, cuya devolución exige la OCU. 

Al tener conocimiento de las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía, el Consejo General del Notariado aseguró que desde 2007, los colegios notariales han resuelto, casi sin excepción,   las "limitadas reclamaciones" que los ciudadanos han presentado sobre cancelación de hipotecas. Según este organismo, el análisis de la OCU "no puede extrapolarse a la totalidad de los notarios y de las cancelaciones hipotecarias de 2010". 

Tanto la OCU como el Consejo General del Notariado coinciden en que los notarios deben aplicar la doctrina  de la Dirección General de los Registros y del Notariado según la cual, la cancelación de un préstamo es un documento sin cuantía. Sin embargo, notarios y registradores que no lo han aplicado alegan que esa norma está pendiente aún de la interpretación de los tribunales.