Bildu anuncia recortes en Gipuzkoa

La coalición anuncia que sacrificará inversiones en “fase de presupuesto” en infraestructuras La Diputación cifra en 100 millones el agujero abierto por PNV y Hamaikabat

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte (izquierda), junto a la responsable de la Hacienda foral, Helena Franco.
La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte (izquierda), junto a la responsable de la Hacienda foral, Helena Franco.JAVIER HERNÁNDEZ

La Diputación de Gipuzkoa, la principal institución gobernada por Bildu, ha sido el escenario en el que se ha producido la primera brecha entre la coalición abertzale y el PNV desde que la formación —integrada por la izquierda abertzale, EA y Alternatiba—, arrasara en las pasadas elecciones municipales. Lejos de ser político, el encontronazo es de carácter económico. El anuncio por parte del nuevo Gobierno de la Diputación de Gipuzkoa de la existencia de un agujero de 100 millones de euros en la gestión presupuestaria del anterior Gobierno foral (PNV y Hamakaibat) cayó como un jarro de agua fría en los anteriores gestores de la institución.

La actual diputada de Hacienda, Helena Franco, anunció ayer que su gabinete se va a ver obligado a “reducir algunas partidas en inversiones e infraestructuras” para cuadrar la caja debido al desajuste entre la previsión del 7% de recaudación de impuestos —elaborada por el Consejo Vasco de Finanzas— y el crecimiento real del primer semestre, que se ha quedado en un 4,4%. Bildu estimó que de mantenerse ese crecimiento más lento, los 3.940 millones de recaudación previstos a fin de año se quedarán en 3.604.

Aunque no precisó por donde meterá la tijera sí explicó el porqué del agujero. Según dijo el desfase actual de 100 millones de euros tiene su origen en unos gastos no presupuestados “pero de obligada ejecución” de 35 millones y otros 66 millones atribuibles a ese desfase por la recaudación tributaria. Entre los gastos no presupuestados aludió al incremento de los de carácter social y al billete único. Franco aclaró, no obstante, que lejos de recortar ese tipo de gastos su equipo va a priorizar las partidas sociales y el fomento del transporte público.

La explicación del nuevo equipo de Bildu fue duramente criticada por el exdiputado general de Gipuzkoa y actual portavoz juntero Markel Olano, y por el exdiputado de Hacienda Pello González que le acusaron de bisoñez al frente de la hacienda y de “falta de información” en su análisis económico. Ambos descalificar sus interpretaciones y le sugirieron que se comunicara más con su diputado general para evitar ese tipo de errores. “No se escude en la bajada de la recaudación para justificar su incapacidad”, le recomendaron.

Olano y González aclararon que, en su primer encuentro con Martin Garitano para hacer el traspaso de poderes, le explicaron que había un remanente de 73 millones con el que cubrir parcialmente ese “incremento conocido del gasto social y del billete único”.

Pero lo que quizá ha provocado al anterior ejecutivo más indignación, es la falta de interés por la coalición abertzale para reunirse con el anterior equipo y poner sobre la mesa la situación económica del ente foral. “En ningún momento aceptaron reunirse con el anterior responsable de Hacienda ni con otros directores y esto demuestra una falta de lealtad en un traspaso de poderes”, señala a este periódico un miembro del anterior equipo.

Este episodio ensombrece no solo la oferta electoral planteada por Bildu para concurrir juntos el 20-N, abierta al PNV y Aralar, sino que también dificultará la aprobación de los próximos presupuestos de la Diputación ya que Bildu, que gobierna en minoría, necesita apoyos para sacarlos adelante.

Al agujero de las cuentas públicas contribuye no sólo la mala marcha de los impuestos concertados. El fallo del Tribunal Supremo del pasado mes de mayo, que obliga a Álava, y por ende a las otras dos provincias y al Gobierno a devolver al Gobierno español los 435 millones de euros del llamado caso Rover —relacionado con el IVA asociado a la exportación de vehículos—, está agravando el problema financiero de las instituciones públicas.

La parte que le toca devolver a la diputación guipuzcoana una vez hecho el reparto es de 44 millones, aunque es posible que este año sólo tenga que afrontar unos 24 millones. Álava tendrá que rascarse el bolsillo y devolver 22 millones mientras que a Bizkaia le tocan 65 millones y al Gobierno 304.

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