Una iniciativa peligrosa

El Congreso de los Diputados decide hoy sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución, que se vota el viernes. Entre el anuncio por parte de Zapatero de la propuesta, previamente consensuada con Rajoy, y la sesión de hoy se han producido dos hechos que añaden ruido innecesario a la medida: el surgimiento de voces que reclaman aprovechar la reforma para introducir otras modificaciones en la Carta Magna; y la petición de que, en todo caso, la decisión sea sometida a referéndum.

 Ambos planteamientos van en sentido contrario al objetivo más inmediato de la reforma: constitucionalizar el compromiso de equilibrio presupuestario como garantía reforzada ante los inversores internacionales. La vicepresidenta del Gobierno catalán plantea que, “puestos a fijar topes, se acote la solidaridad de Cataluña con el resto de España”; el principal partido del País Vasco, el PNV, anuncia que aprovechará el viaje para introducir el derecho de autodeterminación, y los nacionalistas canarios para que se reconozca su singularidad insular. Lo que transmiten esas salidas en tromba es falta de seriedad de los responsables políticos. Sobre todo porque banalizan la reforma misma y el objetivo que persigue.

Agravan también la tacha de improvisación con que ciertamente nació la iniciativa. Especialmente si se añade la incertidumbre asociada a la demanda de referéndum, que la reforma no requiere pero es posible celebrar si consigue el aval de al menos el 10% de las Cámaras. Ese porcentaje se alcanzaría en el Congreso si recibe el apoyo de 35 diputados. PSOE y PP suman 323, por lo que el resto, 27 diputados, no alcanza el mínimo. A no ser que haya fuga de votos en alguno de los dos partidos, lo que no es del todo imposible en el PSOE.

Las voces críticas surgidas en su interior contra la iniciativa cuentan con argumentos defendibles, pero también lo son las de signo contrario, dadas las condiciones especialísimas en que se ha planteado, en respuesta a exigencias exteriores difícilmente soslayables. Lo que no tendría sentido es convertir el debate sobre el contenido de la reforma consensuada entre los dos principales partidos en una pugna por el referéndum. Si llegase a celebrarse —con el despliegue y el gasto correspondiente— la participación sería probablemente muy escasa, lo que añadiría incertidumbre al desenlace. Pero ¿cómo evitar que la mera posibilidad de su celebración sea considerada por esos mercados tan sensibles a lo imprevisto un factor añadido de riesgo que penalice nuestra deuda soberana?

El sistema acordado, que remite a una ley orgánica el desarrollo de los principios plasmados en la reforma, permitirá afinar los aspectos más polémicos de la misma, como la distribución de los límites de déficit y deuda entre las diferentes Administraciones, los supuestos excepcionales en que podrán superarse esos límites y las sanciones en caso de incumplimiento: una ley orgánica, lo que posibilitará la deliberación sosegada y las matizaciones que un referéndum no permite.