El PP aplaude que el acuerdo obligue a la Administración a ser austera

“La austeridad ya no es una opción sino una obligación”. Con esta frase ha bendecido la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, el acuerdo que ella misma y el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, cerraban de madrugada para “constitucionalizar por primera vez” el principio de estabilidad presupuestaria. La dirigente popular ha asegurado que la reforma constitucional no solo no bloqueará las políticas sociales sino que “pone a salvo el Estado del bienestar” y “garantiza el mantenimiento de los servicios públicos”, porque facilitará que España obtenga “crédito y financiación” y dará “solvencia” a los Presupuestos.

Preguntada por el papel que ha jugado en la negociación Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el PSOE atribuye la iniciativa de dejar fuera de la Constitución la cifra de déficit, la portavoz popular se ha limitado a señalar que ni ella ni nadie de la delegación del PP se ha reunido en estos días con el candidato socialista. Fuentes del PSOE habían explicado que Rubalcaba estuvo en contacto telefónico permanente con Alonso, que ha sido el interlocutor del PP.  

Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta es “la primera de las reformas estructurales que hay que hacer” en España, y apuntó otras: “Fiscal, laboral, de competitividad…”. Reformas cuyo contenido –si es que va a llevarlas en el programa electoral- el PP aún no ha querido concretar en ningún foro. “Queremos formar parte del grupo de países a la vanguardia de la política económica europea”, ha dicho la portavoz. Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, se ha ufanado de que “ningún país ha hecho esto en Europa”.

El principio genérico que PP y PSOE han acordado incluir en la Constitución obligará a las administraciones a “no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea”. Eso quiere decir, según Sáenz de Santamaría, que “los límites de déficit y deuda que vaya marcando la UE serán de obligado cumplimiento”. Y uno de esos límites, el de deuda, figura ya en el Tratado de la Unión con una cifra fija: 60% de deuda máxima sobre el PIB. “La deuda pública española tendrá que estar en el 60% en 2020”, ha afirmado (ahora roza el 75%). El déficit deberá ser del 0,4% como máximo en 2020, pero eso será establecido en una ley orgánica.

La portavoz popular no ha aclarado en qué momento y a iniciativa de quién decidieron PSOE y PP no meter la cifra exacta de déficit en la Constitución, aunque ha subrayado que la vicepresidenta Elena Salgado “defendió” la cifra del 0,35% del PIB en un principio. “Nunca hemos hecho causa ni debate de las cifras, lo que nos importaba a nosotros era establecer el principio de estabilidad presupuestaria”, ha dicho. Sí ha matizado que, aunque la reforma tiene un horizonte de aplicación a partir de 2020, eso no quiere decir que a partir de ese año empiece a aplicarse, sino que desde ahora y hasta entonces tienen que ponerse en marcha “los mecanismos que marquen la senda de la disciplina presupuestaria”, parar estar “con el contador a cero” (déficit máximo del 0,4% y deuda del 60%) en 2020.

Mariano Rajoy habló con Josep Antoni Duran, portavoz de CIU, el mismo martes (cuando Zapatero anunció la reforma) y durante estos días lo ha seguido haciendo Sáenz de Santamaría. El objetivo es sumar a los nacionalistas catalanes a la reforma. Pero, si no se consigue, al PP no le preocupa especialmente que la reforma salga adelante con menos consenso del obtenido por la Constitución en 1978: “PP y PSOE representan al 90% de la ciudadanía en esta Cámara”, ha zanjado.