Apoyo a la reforma pese a 13.000 millones de déficit

Las comunidades autónomas, que acumularon un déficit de 13.061 millones en 2010, apoyan la propuesta de introducir un techo de gasto en la Constitución. Los Gobiernos presididos por el PP, fieles a la disciplina de partido, avalan las palabras de su líder, Mariano Rajoy, sobre la necesidad de la reforma, aunque varios reclaman “flexibilidad”. En los del PSOE, hay más pegas.

El presidente andaluz, el socialista José Antonio Griñán, cree que es “un error grave” que la Constitución concrete una cifra de déficit, y “un disparate” que se modifique la ley fundamental con “argumentos coyunturales”, informa Efe.

El lehendakari, Patxi López, (PSE) respalda la iniciativa, aunque añade que el límite al gasto público no puede ser “un corsé”.

En Cataluña (CiU), la oposición de la Generalitat ha ido desinflándose. El martes, el portavoz, Francesc Homs, se manifestaba contundentemente en contra ante el riesgo de que se limite la autonomía financiera de Cataluña; el miércoles, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, aseguraba compartir “el espíritu”, siempre que sean las autonomías las que marquen “su límite de déficit y de gasto”, y ayer, la misma Ortega apeló a “la prudencia” y a conocer “la letra” de la reforma antes de lanzar más críticas.

En Madrid, el consejero de Transportes, Antonio Beteta, que fue titular de Economía en el anterior Gobierno de Aguirre, calificó como “buena” la iniciativa. “Un tratamiento constitucional serio que hará recuperar la imagen de país que todos deseamos”, dijo.

En Castilla-La Mancha, la comunidad con más déficit, el portavoz de la presidencia, Leandro Esteban, aseguró: “El Gobierno comparte la opinión del partido. La propia presidenta, Dolores de Cospedal, ha defendido en reiteradas ocasiones incluir el límite de déficit en la Constitución”.

Luisa Fernanda Rudi, presidenta de Aragón (PP), cree que la reforma es ahora “imprescindible”, aunque no hubiese sido necesaria si Zapatero no hubiera modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó José María Aznar en 2001.

El presidente riojano, Pedro Sanz, también del PP, apoya la reforma, aunque exige “cierta flexibilidad” para no estar “reformando la Constitución cada cierto tiempo en función de la situación económica”. Para Sanz, la presión del Banco Central Europeo ha sido fundamental en la propuesta.

La Generalitat valenciana acogió con fingida satisfacción la propuesta, pero su consejero de Hacienda, José Manuel Vela, afirmó que el acuerdo “marcará un antes y un después en la historia de la hacienda pública española”.

En Murcia, Ramón Luis Valcárcel (PP) cree que la reforma es buena “siempre que se parta de la realidad”. Valcárcel dijo no entender “cómo se fija un techo de gasto sin saber cuáles serán los ingresos del Estado”.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, se mostró “de acuerdo con la reforma” que, añadió, era necesaria porque Zapatero “ha empujado a las autonomías a endeudarse”.

Cuando se habla de techo de gasto es porque no había techo. Ahora la necesidad obliga y se impone el consenso, el sentido común y cumplir José Antonio Monago, presidente de Extremadura

El presidente extremeño, José Antonio Monago, del PP, también la apoya: “Cuando se habla de techo de gasto es porque no había techo. Ahora la necesidad obliga y se impone el consenso, el sentido común y cumplir”, dijo en su cuenta de Twitter.

La Xunta de Galicia, en manos del PP, presumió de ser pionera en el asunto, tras aprobar la Ley de Disciplina Presupuestaria que les obliga a reducir el déficit en épocas de crecimiento económico. Galicia fue una de las pocas autonomías que, en 2010, cumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria. También en Cantabria, donde gobierna el popular Ignacio Diego, ratificaron el lunes su compromiso de fijar por ley el techo de gasto de la comunidad autónoma.

En Baleares (PP), el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, opinó: “Creemos que el hecho de que exista una ley que controle el techo del gasto es bueno”, y recordó que ya lo había planteado así Mariano Rajoy.

En Canarias, Paulino Rivero, de Coalición Canaria, se mostró especialmente crítico con las formas y pidió un referéndum antes de aprobar la reforma. Rivero criticó la propuesta de déficit cero del PP, que supondrá una “merma” de los servicios públicos.

Juan Luis Muniaín, portavoz del Gobierno navarro (UPN-PSN), explicó que apoyan el cambio constitucional porque “supone la aplicación de un criterio europeo para contener la deuda y afrontar mejor el futuro”.

En Asturias, su presidente, Francisco Álvarez-Cascos, no opinó ayer sobre el asunto.

Información elaborada por: Ivanna Vallespín, Javier Ruiz, Eva Sáiz, Iria Villar, Tono Calleja, Lucía Bohórquez, Sonia Galdón y Miguel Olivares.