Las Palmas reduce en tres millones la asistencia domiciliaria a ancianos

Nieves Martín tiene 87 años y es asmática. Su casa debe permanecer impoluta, el polvo la asfixia. Durante dos décadas ha recibido con puntualidad la visita de una asistenta social que le echaba una mano con la limpieza de su casa de Las Palmas, donde vive sola. Primero fueron dos horas, luego cuatro. Hace una semana recibió una llamada del Ayuntamiento. Le anunciaron que le cortaban el servicio a partir de septiembre. “No hay derecho, toda la vida pagando y ahora esto”, dice Nieves, indignada. Vive con una pensión de viudedad de 600 euros. Su hija pidió al Consistorio que le enviase por escrito la denegación de la ayuda, pero se negaron.

El caso de Nieves se suma al de 1.000 personas que dejarán de recibir la asistencia domiciliaria en la capital grancanaria. Se trata, principalmente, de mujeres de más de 65 años y con escasos recursos. El Ayuntamiento de Las Palmas, gobernado desde el 22-M con mayoría absoluta por Juan José Cardona (PP), ha recurrido a la tijera para sanear las cuentas al reducir en tres millones anuales (de 7,5 a 4,2) el presupuesto de la ayuda domiciliaria. Cardona, para justificar su iniciativa, pidió a los parientes de los afectados “que den un paso al frente y asuman la obligación de atender a sus familiares”.

El Consistorio mantendrá las prestaciones a los grandes dependientes (970) y suprimirá los de limpieza de hogar y preparación de comidas (1.000). “Es un atentado contra los sectores más vulnerables de la sociedad”, denuncia Sebastián Franquis, portavoz socialista del ayuntamiento, que critica que el tajo se cebe con un servicio “muy demandado”, cuyas solicitudes se han disparado en los últimos veinte años (de 67 usuarios en 1990 a 2.100 en 2010). El municipio atribuye el recorte a una exigencia contable. El alcalde sostiene que dedicar una partida de tres millones para complementar el contrato —de 4,2 millones—, como hizo durante cuatro años consecutivos el anterior primer edil, el socialista Jerónimo Saavedra, vulnera la Ley de Contratos del Estado y el plan de estabilidad.

El alcalde popular, al estallar la polémica, anunció el pasado viernes una partida extra de 560.000 euros para acallar los reproches. Sin embargo, el dinero sólo permitirá sufragar la prestación un mes. En la primera semana de agosto, el municipio ya había gastado 3,6 de los 4,2 millones de los que disponía para 2010.

Además de adelgazar la partida hasta diciembre, el Ayuntamiento mantendrá intactos los 4,2 millones anuales hasta 2014. El dinero, insisten los socialistas, es insuficiente, ya que la demanda del servicios sociales aumentará a consecuencia de la crisis ecónómica y el envejecimiento de la población.

El contrato siempre se situó por debajo del nivel del gasto real, que en 2009 fue de 5,9 millones y en 2010 de 6. El Consistorio ajustaba el presupuesto a la cantidad real mediante ampliaciones, que el PP considera ahora ilegales. Las prácticas que, en los últimos cuatro años, fueron utilizadas para sufragar uno de los servicios más demandados, ya no valen para la administración de Cardona.

El PSOE pidió ayer al equipo de gobierno que recurra a un reconocimiento extrajudicial de crédito para completar el presupuesto y mantener, de este modo, la asistencia a los 1.970 ancianos.

El Consistorio, por su parte, acusa a los socialistas de mantener el servicio gracias a partidas económicas, como inversiones estatales, que ahora no llegan.

El PP recurre para justificar el recorte al argumento de una herencia envenenada de su antecersor socialista. El legado incluye una deuda “no declarada” de 53 millones de euros y más de 750 facturas en los cajones que están pendientes de pago. “Es incomprensible que los socialistas nos critiquen, después de cómo nos han dejado las arcas”, critica la portavoz municipal popular María del Carmen Hernández.