Anticorrupción denuncia a 16 personas por actos electorales de Rajoy de 2008
La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La denuncia, remitida a las partes del caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración autonómica y seis miembros de la red corrupta.
El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”.
El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez.
El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de Francisco Camps.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa , Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008.
Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP.
Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.
Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”.
La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy, que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno.
Un millón de euros en dinero opaco o de otros
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana.
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008”.
Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito.
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