“Lo primero era traer al Rey a casa”

“Aquí está pasando algo extraño y no sé cómo va a terminar”. Fue un compañero quien, desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), le advirtió, a primera hora de la tarde del pasado 3 de diciembre, de lo que se estaba cociendo en los centros y torres de control de los aeropuertos españoles. El general Carlos Gómez López de Medina (Granada, 1957) era entonces coronel jefe del Grupo Central de Mando y Control (GRUCEMAC), una especie de policía del aire responsable de la vigilancia y control del espacio aéreo español.

Lo que estaba pasando es que los controladores civiles, descontentos con las últimas medidas adoptadas por Fomento y AENA, estaban abandonando sus puestos hasta provocar el cierre total del espacio aéreo, una situación que nunca se había producido y que ni siquiera en sus planes más imaginativos había contemplado el Ejército del Aire.

El espacio aéreo español, por el que diariamente circulan unas 17.000 aeronaves, se quedó completamente vacío. El jefe del GRUCEMAC respiró aliviado tras comprobar que la insólita imagen que ofrecían las pantallas de los radares no afectaba a su misión. Al contrario: si nadie volaba, no podía haber infracciones a la normativa de circulación aérea. Pero el caos estaba en el suelo, en los aeropuertos abarrotados por miles de angustiados viajeros.

“Lo primero que teníamos claro es que el Rey estaba en América [en la cumbre Iberoamericana de Mar del Plata] y debíamos asegurar su regreso a casa. Preparamos un plan B, por si el control civil no se recuperaba a tiempo, pero no hubo que aplicarlo”.

El mismo 3 de diciembre, el Gobierno ordenó al Ejército del Aire que se hiciera cargo de dirigir el control de la circulación aérea. De inmediato se desplegaron casi 200 militares en las 11 torres de los aeropuertos que están abiertos día y noche; y luego en los 24 restantes. Se reforzó también el personal de los seis centros de control aéreo y de ocho bases, por si era necesario desviar a ellas vuelos civiles.

La movilización no resultó fácil, pues los militares —como los demás españoles— estaban en vísperas del puente más largo del año, la Constitución y la Inmaculada, que ellos prolongaban con una fiesta particular, la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire, el 10 de diciembre. Pese a ello, a las nueve de la mañana del día 4, todos estaban en sus puestos, con la única excepción de las torres de La Gomera y La Palma, en Canarias, a donde llegaron entre una y dos horas después.

Esa misma mañana entró en vigor el estado de alarma, por el que los controladores civiles quedaban militarizados y sujetos a las leyes disciplinarias y penales castrenses. Pese a ello, según el general Medina, no se produjo ningún roce entre civiles y militares. “Entiendo que ellos comprendieron que hacíamos nuestro trabajo. Por su parte, nuestra gente se esforzó por mantener una actitud de educada firmeza que fue bien acogida por los controladores civiles. Se trataba de aplicar las directrices de nuestro jefe de Estado Mayor: ser correctos, evitar precipitaciones y actuar con sentido común”. Los militares desplegados en torres y centros de control tenían orden de notificar a sus superiores cualquier incidencia. A lo largo de los 43 días que duró el estado de alarma solo se notificaron dos y ambas fueron archivadas. En total, se controlaron 150.000 vuelos, que transportaron a 12 millones de pasajeros y 60.000 toneladas de carga, sin que se produjera ninguna situación de riesgo.

Lo más destacable, en su opinión, es la “capacidad de reacción” que se demostró ante una situación imprevista. Y ello gracias a la “profesionalidad” y la “fuerte implicación personal” de los 1.000 militares que se quedaron sin disfrutar del puente o las vacaciones de navidad para que sus conciudadanos pudieran hacerlo.