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Madrid emplaza a los Ayuntamientos a renunciar a la bajada de impuestos

Los municipios piden al Gobierno que aplace a diez años el pago de la deuda

Gallardón y Rita Barberá, durante una visita del primero al puerto de Valencia en 2008.
Gallardón y Rita Barberá, durante una visita del primero al puerto de Valencia en 2008.

“Los Ayuntamientos y las Diputaciones tenemos que ser coherentes. No podemos estar pidiendo al Gobierno que nos aplace el pago de la deuda y, a la vez, anunciar bajadas de impuestos o supresión de tasas. No es el momento de bajar ningún impuesto. Y eso debería valer también para las comunidades”. Lo dice el responsable de las arcas públicas del mayor Ayuntamiento de España y el que más dinero debe: Madrid. Juan Bravo, concejal de Hacienda en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), anunció ayer que la capital afrontará el pago de su parte: 560 millones. De bajar impuestos, nada (en contra del discurso oficial del PP). Otras grandes ciudades han respondido plantándose: si el Gobierno les obliga a pagar su deuda, aseguran, entrarán en bancarrota.

En pleno ahogo por la crisis, a los Ayuntamientos y Diputaciones españoles, ya muy endeudados con los bancos y con sus proveedores, les toca empezar a pagar ahora —a plazos— otra deuda de 5.900 millones de euros que tienen con el Gobierno central: ese es el dinero de más que Hacienda les adelantó, en un ataque de optimismo, a cuenta de la recaudación de 2008 y 2009 y que nunca recaudó. Eran anticipos de algo que el Estado no llegó a ingresar, y ahora los Ayuntamientos tienen que devolverlos. El pasado enero empezaron a pagar lo que deben de 2008 (1.513 millones) y el año próximo empezarán con la deuda de 2009 (4.378 millones).

Hace tres meses muchos Ayuntamientos anunciaban, en campaña, bajada de impuestos y tasas

Al igual que han hecho las Comunidades —que también cobraron anticipos inflados—, los Ayuntamientos reclaman más tiempo para pagar. Los responsables de varias capitales consultados ayer por EL PAÍS pidieron que el pago se haga a diez años en lugar de a cinco. Pero hace solo tres meses muchos Ayuntamientos anunciaban, en campaña electoral, bajadas de impuestos y tasas. Y ese es también el discurso del PP de cara a las generales de noviembre.

“Eso no puede ser. Cataluña exige el aplazamiento del pago y acaba de suprimir el impuesto de sucesiones. Algunos municipios abogaron por eliminar la tasa de basuras. No se puede hacer eso y, a la vez, pedir el aplazamiento”, insiste el edil madrileño. El Gobierno de Gallardón no va a bajar impuestos (tampoco lo hizo en el pasado, con vacas gordas). Ni va a subirlos, aunque el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sí subirá porque el Ayuntamiento va a aplicar la revisión catastral que, según Bravo, es “obligatoria” por ley cada diez años. Otros Ayuntamientos se niegan a aplicar esa subida.

La Diputación de Valencia amenaza con hacer un ERE para afrontar el pago

En lo que la mayoría coincide es en que la situación creada es culpa del Gobierno. “En 2008 ya presupuestó por encima de la realidad; pero es que en 2009, cuando ya era evidente el desplome de la recaudación, siguió presupuestando de más. El Gobierno ha jugado con las previsiones para cuadrar sus Presupuestos cada año. Y ahora nos toca a nosotros devolver el dinero. Así es imposible que las entidades locales hagan planes a medio o largo plazo”, protesta Bravo. El Ejecutivo, dijo hace días la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, va a “ahogar” a los Ayuntamientos por haber “mentido e hinchado año tras año los ingresos para esconder la crisis”.

Algunas ciudades anuncian consecuencias terribles si les obligan a pagar. Deslizan incluso la amenaza de no hacerlo, pero eso es un brindis al sol porque en realidad no son los Ayuntamientos los que pagan la deuda, sino que el Gobierno central va detrayendo lo adeudado, mes a mes, de futuras entregas. Así que está en su mano cobrarlo o no.

El vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina (PP), asegura que para devolver los 117 millones que debe a Hacienda será necesario hacer un ERE (expediente de regulación de empleo) en la institución y “restringir servicios, aunque no los sociales”. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), zanja: “Ahora mismo no tenemos capacidad para hacer frente a ese pago”. Hacienda le reclama 21,8 millones. Y ella pide que se permita a los Ayuntamientos vender su patrimonio para pagar la recogida de basuras o la limpieza vial.

Reunión Gallardón-Trias

Los municipios llevan años, décadas, pidiendo un nuevo modelo de financiación que les permita afrontar los gastos crecientes de las ciudades. En los últimos tiempos sus reclamaciones son como un mantra: mayor flexibilidad para contraer deuda, mayor margen fiscal, autorización para financiar con deuda los gastos corrientes del recibo de la luz, la limpieza vial, la recogida de basuras... Pero todo ha sido respondido con el silencio o, como mucho, con promesas de reformas legales que nunca llegan. Y la crisis ha vuelto a aparcar cualquier esperanza.

Ayer, al tiempo que los responsables de varias capitales, empezando por Madrid, volvían a insistir en sus reclamaciones, el nuevo alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), adelantó que en septiembre pretende reunirse con el regidor de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, para acordar estrategias. “Es evidente que se tiene más fuerza si tenemos puntos en común y podemos ponernos de acuerdo en qué cosas vamos a pedir. Las soluciones no pueden ser muy diferentes”, explicó el catalán en declaraciones a Efe.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, no precisó si Ruiz-Gallardón aceptará esa cita, aunque explicó que la capital prefiere una solución “global y completa” para todos los municipios, informa Pilar Álvarez.

El Ayuntamiento de Málaga (PP) va a interponer un recurso contra la reclamación del Estado (le toca pagar 66,2 millones); su concejal de Hacienda, Carolina España, recuerda que, mientras Hacienda les exige el dinero, la Administración central debe al municipio ocho millones por impago de tributos municipales. Jaén (PSOE), sin embargo, acatará la orden del ministerio.

Alcaldes catalanes de todos los partidos temen que sus municipios queden ante el abismo financiero a finales de año. Ediles socialistas, nacionalistas y del PP piden una moratoria de dos años para pagar y que se alargue el plazo de cinco años a diez o 15. El presidente de la comisión de Haciendas Locales de la Asociación Catalana de Municipios, Ferran Bel (CiU), augura que, sin esa moratoria, los casos de quiebra técnica se generalizarán. El monto que reclama el Gobierno a los Ayuntamientos supone el 23% de lo que les entregó, según Bel. “Devolverlo ahora es inviable”, dice. También Manuel Bustos, presidente de la Federación de Municipios de Catalunya (PSC), habla de “bancarrota” si se aplica la medida.

El aplazamiento del pago, afirma el presidente de la Federación Gallega de Municipios, Carlos Fernández, sería una solución; lo que “nadie discute”, dice, es que ese dinero hay que devolverlo.

Con información de Juan Diego Quesada, Rosa Pascual, Artur Balaguer, Diego Narváez, Ginés Donaire, Miquel Noguer, Cristina Huete y María Fernández.